Esta mañana, la ministra de Gobierno, María Paula Romo y el comandante de la Policía, Patricio Carrillo señalaron que si los más de $500 millones, que alcanzaría el monto total de la estafa al Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) por las inversiones realizadas entre el 2014 y el 2016, no son recuperados, el Estado respondería por las jubilaciones de los policías.
«La jubilación de los policías está garantizada, porque existe una ley que le obliga al Estado a garantizar el pago de todo lo que se adeude por estos conceptos (…) Llegado el momento, si es que este dinero no se recupera, la sociedad ecuatoriana, el gobierno, el Estado va a tener que obtener los recursos necesarios para recuperar estas inversiones. No solamente se puede haber perjudicado a la Policía, sino a toda la sociedad ecuatoriana, el momento en que nos corresponda compensar ese dinero», dijo Romo.
Este anuncio lo dio la ministra luego de explicar los últimos hallazgos del Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional en las investigaciones sobre las irregularidades encontradas en las inversiones realizadas por el Isspol.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo ratificó la intervención del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale) por parte de la Superintedencia de Compañías por dos operaciones que probablemente suman una estafa de $532 millones a los fondos de jubilación y pensiones del Isspol.
Las operaciones fueron realizadas en los años 2014, 2015 y 2016 y tienen tres cosas en común: son operaciones swap, fueron realizada por Jorge Chérrez Miño, quien es el representante legal de ambas empresas domiciliadas en Panamá, y son custodiadas por Decevale, que se convierte en el custodio de la contraparte, la compensación que tenía que recibir la Policía Nacional.
En estas operaciones, el Isspol se compromete con una empresa privada a intercambiar bonos de deuda ecuatoriana que estaban en poder del Instituto y. a cambio, esta empresa le entregaba al Isspol otro tipo de documentos.
En la primera operación, el Isspol entrega $327 millones a una empresa y esta empresa le garantiza que esos bonos iban a ser compensados con notas globales sobre bonos de deuda ecuatoriana.
La segunda operación se da en el transcurso de esos tres años y en pequeñas cantidades que, en total, suman $205 millones por la compra de bonos de deuda ecuatoriana.
Así, el Isspol compra bonos de deuda ecuatoriana, pero no al Estado a través del Ministerio de Economía y Finanzas, sino a una empresa privada con un pacto de recompra y a valor nominal.
«Investigamos estas operaciones pero, sobre todo, le ponemos fin a este mecanismo en el que aparentemente las operaciones se desarrollaban con normalidad y cuando llegaba el día del vencimiento, le volvían a entregar al Isspol más papeles que tampoco se encuentran en poder del Isspol, sino que decían: le pago y va a estar custodiado por Decevale. Con los cambios realizados en esta administración se les informa que no se seguirán recibiendo papeles en pago y se deberán cumplir con las obligaciones de entregarle dinero al Isspol como rendimiento de sus inversiones y ahí las cosas se agravan, empiezan a preocuparse y ya caen en mora, están vencidos los pagos por más de $100 millones en este momento», explicó Romo.
Durante la investigación, Decevale respondió con evasivas, luego dijo que tiene bonos, luego que no tiene bonos, sino notas globales y luego dejó de responder al Isspol, que pide a la Superintendencia de Compañías que intervenga Decevale y la entidad de control lo hace un mes después, este viernes 18 de septiembre.
Ahora, el Isspol y el Ministerio de Gobierno están a la espera de los resultados que arroje esta intervención. «Si Decevale no tiene lo comprobantes, no tiene los bonos, si no es capaz de decir con claridad qué es lo que tiene estaríamos hablando de que no hay ninguna contraparte por $532 millones de la Policía Nacional», agregó Romo.
La semana pasada, la Superintendencia de Compañías presentó una demanda penal contra los directores y responsables de Decevale, el Isspol presentó una demanda en agosto sobre el mismo tema. Estas acciones legales se toman con el fin de recuperar el dinero.
Otro objetivo del Ministerio de Gobierno y la Policía es que se identifique a los responsables de este presunto mecanismo sofisticado de estafa en la que están involucrados públicos y privados: directivos civiles y policiales del Instituto, los vendedores de bonos en el sector privado y los organismos de control que «aparentemente» no se dieron cuenta de lo que pasaba.
En tanto, el director del Isspol, Jorge Villarroel, manifestó que con el primer informe presentado por la Superintendencia de Bancos fue una alerta que tuvo como consecuencia la salida de los directores técnicos de área del Instituto, se aprobaron nuevas políticas de inversión con el funcionamiento de una comisión de riesgos e inversiones y cumpliendo los principios de rentabilidad, seguridad y liquidez. Se reestructuraron las áreas técnicas con analistas de riesgos y liquidez.
Además, se pidió la intervención de la Contraloría y de la Superintendencia de Bancos, cuya auditoría concurrente ya tiene un informe. «Todas estas acciones están orientadas a poner en orden la casa, que no vuelvan a ocurrir este tipo de anomalías. Estamos haciendo todo lo que señala la ley para recuperar ese dinero», dijo.
El comandante de la Policía, Patricio Carrillo insistió en que los seguros que administra el Isspol están cubiertos, todas las prestaciones de los afiliados tanto en servicio activo como en pasivo se encuentran garantizados.
«Como institución, velaremos porque esto se corrija, no solamente exista la reparación de los daños y prejuicios, estoy seguro y convencido que las capacidades institucionales con la cooperación internacional nos permitirá localizar a las personas como los dineros, la ruta del dinero, la ruta de las transacciones (…) No vamos a descansar y estamos seguros que no podrán esconderse ni los autores ni la transacción que hicieron», señaló Carrillo.
Romo mencionó que el general David Proaño Silva, exdirectivo del Isspol, sería uno de los involucrados, aunque en las operaciones swap no constan los nombres de los firmantes y representantes legales de las partes. Además, esperan varias respuestas de Decevale. «Todavía hay mucho que desentrañar», dijo.
Respecto a Chérrez Miño, Romo agregó que siguen la pista de las conexiones que él pudo haber tenido para hacerse acreedor de tanta confianza por parte del Isspol, qué tipo de relaciones pudo tener con las autoridades de control pues «aparentemente» existía una relación con un exsuperintendete de Bancos, qué tipo de relaciones pudo haber tenido con las autoridades del Isspol que en el 2016 lo habría contratado como asesor de tecnología interna y si su compañía también le habría ofertado servicios tecnológicos a la Bolsa de Valores de Guayaquil.
Fuente: El Universo
