Este 30 de septiembre es la fecha tentativa, aún no confirmada oficialmente, para la reunión del directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el programa económico y financiero para Ecuador. Ese día sería aprobado el acuerdo previo al que se llegó con el equipo técnico del FMI y que significará la entrega de un financiamiento de $4000 millones para el país ($2000 millones de manera inmediata y los otros $2000 millones a finales de año). Estos recursos se requieren con urgencia en medio de una crisis económica generada por la pandemia que redujo recursos petroleros y tributarios para el fisco.
De acuerdo con Augusto de la Torre, ex economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial y asesor del Consejo Económico del Gobierno, en estos días el informe del staff está en proceso de revisión, incorporando comentarios de los varios departamentos del FMI. Además, la Carta de Intención que sella el acuerdo debe estar ya en versión final.
Por su parte, Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal (OPF), considera que el acuerdo sí se va a firmar y los compromisos de Ecuador dentro del acuerdo de hecho serán viables. Carrera dice que el FMI sabe que en la Asamblea no se pueden pasar reformas importantes, aunque podría manejarse la posibilidad de darle a través de ley la autonomía al Banco Central. También podría haber reformas a nivel del Ejecutivo. También opinó que para el país es de vital importancia recibir el financiamiento.
De acuerdo con José Hidalgo, director de Cordes, hay al menos tres puntos positivos que pueden ser cartas de presentación del Ecuador, que viabilicen el acuerdo y su cumplimiento. Uno de ellos son las cifras de ajuste en el presupuesto, que ya venían bajando antes de la pandemia. En 2019 y 2020 se ven caídas en el gasto de salarios y bienes y servicios. La aprobación de la Ley de las Finanzas Públicas, que implica un tratamiento más cuidadoso de los recursos fiscales para evitar caer en déficit fiscales tan abultados, como los que hemos tenido anteriormente, también abona. Adicionalmente, si bien en octubre se trató de eliminar el subsidio a los combustibles, el mecanismo de bandas de los precios, expresa la intención de dar un alivio al fisco, aunque es aún insuficiente, dice.
Sin embargo, tras la firma del acuerdo, el Ecuador y principalmente, el siguiente Gobierno deberá avanzar en una reforma laboral de fondo y estructural. También está pendiente una reforma tributaria, no solo para incrementar los ingresos fiscales, sino que dé mayores facilidades a la empresa, a fin de generar incentivos productivos.
En medio de este panorama, ni Jaime Carrera, ni José Hidalgo consideran que los juicios en contra del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, alteraría el acuerdo. Lo que sí, dijo Hidalgo, ha generado ruido en los mercados internacionales. De hecho, esta semana el riesgo país tuvo un comportamiento muy volátil. En dos días subió y bajó más de 900 puntos, sin que haya claridad sobre las razones. Mientras el 23 de septiembre estuvo en 1021 puntos, para el 24 había subido a 2012 puntos, para luego bajar abruptamente a 1031 puntos.
En todo caso, Hidalgo dijo que lo ideal sería que Richard Martínez, quien ha tenido un excelente desempeño en la renegociación de deuda y en las conversaciones con el FMI, siga adelante en su cargo. Sin embargo, si no fuera de esta manera, seguramente el Gobierno elegirá como su remplazo a alguien que continúe en la misma línea de ordenar las finanzas y bajar el gasto, comentó.
Por su parte, Augusto de la Torre comentó que lo que ha hecho hasta ahora el Gobierno en materia económica (control del gasto, reformas a la contratación laboral, acuerdo de deuda, acuerdo con el FMI, consecución de recursos frescos del Banco Mundial, BID, CAF y Gobiernos amigos) es muy positivo. Esto nos ha ayudado a evitar lo peor, pero es insuficiente. Por ello, el próximo gobierno tendrá que diseñar e implementar reformas estructurales para que la economía supere la crisis del COVID-19 y se recupere. Entre las tareas pendientes entonces estaría una reforma del sistema de pensiones, una reforma tributaria, otra laboral, y cambios en el mercado doméstico de combustibles, etc.
Fuente: El Universo
