Las autoridades de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas coincidieron en pedir que sus provincias sean declaradas en emergencia.
La primera busca que se liberen más recursos para hacer frente a la pandemia del covid-19, mientras que la provincia tsáchila necesita apoyo para solventar las emergencias que se han presentado por la fuerza de la época lluviosa.
La solicitud fue reiterada este lunes, 8 de marzo de 2021. En la provincia manabita, el Frente Cívico señaló que a los hospitales les hace falta insumos médicos y personal para atender la grave crisis sanitaria. El organismo integra a ex autoridades, comerciantes, trabajadores y otros habitantes.
Las casas de salud en Portoviejo y Manta están saturadas de pacientes con covid-19, en un momento en el que se necesita de mayor espacio ante un nuevo incremento de contagiados. Así lo comenta la presidenta del frente y ex alcaldesa de la capital de Manabí, Patricia Briones.
Desde mediados de febrero, Manabí tiene una alta incidencia de casos positivos. Entre el 16 de febrero y el 5 de marzo pasado (18 días) los casos subieron a 2 293. En las semanas anteriores, desde que comenzó el año (45 días) fueron 2 892, según el Ministerio de Salud.
En este último período ya se evidencian las consecuencias de las aglomeraciones en las elecciones generales y también las del asueto por el Carnaval, de acuerdo con las autoridades.
El incremento de contagiados se demostró en las pruebas rápidas que se realizan en los cantones Portoviejo, Tosagua, Montecristi, Pichincha, Pedernales, San Vicente, Sucre, Manta, Rocafuerte, Santa Ana, El Carmen y Puerto López. Solo en la capital de la provincia, de 150 test valorados el 27% salió positivo en un solo día.
La solicitud de la declaratoria de emergencia fue conocida por el prefecto, Leonardo Orlando; el alcalde de Portoviejo, Agustín Casanova; y el gobernador, Tito Nilton Mendoza, que mostraron su respaldo al pedido.
En la provincia Tsáchila, la Cámara Legislativa del Gobierno Provincial hizo oficial el exhorto para que el Gobierno Nacional declare la emergencia por los embates de las lluvias. Según este ente, que lo integran los presidentes de las juntas parroquiales, hay 2 000 familias afectadas.
Los concejeros provinciales expusieron también que hay inconvenientes con la vialidad por los recurrentes derrumbes e inundaciones que provocan cierres e impiden movilizar la producción agrícola.
El mayor problema se registra en la parroquia Alluriquín donde un cerro sigue amenazando a las familias que viven en sus faldas. Además, algunos puentes de caminos vecinales se han afectado.
En el exhorto, la Cámara pide que el régimen de Lenin Moreno les provea de recursos y mayor atención desde entidades como el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Fuente: El Comercio