La Corte dictamina la constitucionalidad del estado de excepción decretado para las cárceles

El organismo se pronunció este lunes 11 de octubre con el fallo favorable

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El pasado 29 de septiembre de 2021 el presidente Guillermo Lasso decretó el estado de excepción para las cárceles del país tras los violentos incidentes que cobraron la vida de al menos 119 presos en la centro carcelario de Guayaquil. Ahora la Corte Constitucional emitió el dictamen favorable de constitucionalidad de la disposición presidencial del Decreto Ejecutivo N.° 210.
 
Sobre la movilización y participación de las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad de los Centros de Privación de Libertad contenida en los artículos 3, 4 y 5 del mencionado Decreto, La Corte señaló que será constitucional siempre que se circunscriba al perímetro exterior, incluido el primer filtro de ingreso a las cárceles.
 
Sobre las medidas de suspensión de derechos fundamentales que se establecen en el Decreto el organismo constitucional dispuso que se efectúen conforme lo dispuesto en el dictamen, «recordando que a las personas privadas de libertad les asisten todos los derechos contenidos en la Constitución, y que su tratamiento por parte del Estado, no puede perseguir otro propósito que cumplir la promesa constitucional de rehabilitar a la persona y reinsertarla en la sociedad».
 
La Corte insistió en que la Presidencia y las autoridades involucradas en el tema carcelario deben diseñar e implementar de forma coordinada, soluciones a los problemas estructurales del Sistema de Rehabilitación Social, más allá de las medidas extraordinarias propias de un estado de excepción.
 
El presidente Guillermo Lasso está obligado a remitir un informe al término del estado de excepción, según recordó la Corte que citó el artículo 166 de la Constitución. El informe deberá decir las medidas adoptadas para superar la crisis penitenciaria actual y las adoptadas a partir de la información requerida al Consejo de la Judicatura en el artículo 8 del Decreto, además de dar especial atención a las disposiciones dictadas por la Corte en su auto de verificación de cumplimiento del 29 de septiembre.
 
La Defensoría del Pueblo, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, será la encargada de hacer el seguimiento de la implementación de las medidas dispuestas en la declaratoria de estado de excepción y deberá comunicar a la Corte, sobre el tema, al finalizar la medida. El organismo precisó que si la Defensoría verifica violaciones a derechos, deberá́ activar los mecanismos y acciones en el ordenamiento jurídico.
 
A finales de septiembre un enfrentamiento entre bandas rivales en la cárcel número 1 de Guayaquil, además de los fallecidos, dejó más de 80 heridos. En lo que va del año en las cárceles del país se han registrado más de 250 reos asesinados.