Con un oficialismo en silencio mientras los asambleístas del resto de bancadas exponían sus discrepancias se desarrolló el primer debate del proyecto de ley sobre la despenalización del aborto en caso de violación.
Fue una de las jornadas más extensas del Pleno, que se instaló a las 10:00 de este jueves 9 de diciembre de 2021 y que concluyó a las 21:00. La presidenta, Guadalupe Llori (PK), no participó.
El debate arrancó con 25 asambleístas registrados, entre ellos los rostros nuevos de asambleístas alternos, después de que escucharon las ponencias de expertos, médicos, activistas y otros representantes de la sociedad civil.
La primera en intervenir fue la ponente del proyecto, Johana Moreira (ID), quien reconoció que la temporalidad para interrumpir el embarazo, requisitos para la atención y la objeción de conciencia de los médicos se mantienen como los nudos críticos de este proyecto.
“No es recomendable fijar un plazo máximo para interrumpir el embarazo (…). Lastimosamente la educación sexual en nuestro país sigue siendo un tabú, por lo cual es sumamente complicado que una niña se pueda dar cuenta que está embarazada. Por eso es tan importante la temporalidad para que no se vuelva un impedimento”, dijo.
En la bancada de UNES asambleístas como Pierina Correa y Sofía Espín señalaron que sí se debe fijar un plazo máximo. Además, señalaron que si no hay una denuncia los beneficiados serían los violadores, contrarias a la posición de sus coidearias Jahaira Urresta y Victoria Desintonio.
Desde la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), que agrupa a Creo e Independientes, no intervino nadie más luego de que Nathalie Arias pidió un punto de información: “hay que considerar el criterio de temporalidad, tal como lo dice la Corte Constitucional”.
En la bancada de Pachakutik, la asambleísta Sofía Sánchez señaló que “es imposible que la denuncia sea un condicionante para una mujer o una niña que sea violada”, pero su colega, Ricardo Vanegas, pidió al Pleno tomar definiciones al respecto.
“¿Qué pasa si es una mujer de campo? ¿qué pasa si es una mujer que vive con su agresor o si no tiene los recursos? ¿De dónde puede conseguir para trasladarse a las grandes ciudades para ir a denunciar su agresión?”, increpó la legisladora independiente Daysi Yuquilema.
La socialcristiana Dallyana Passailaigue anotó que un proceso judicial puede tomar varios años hasta llegar a una sentencia, pero su coidearia Nathalie Viteri insistió en que “tiene que haber una temporalidad y una denuncia” para acceder al aborto por violación, al invocar a la sentencia de la Corte Constitucional.
En el hemiciclo no estuvo el presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro Jaramillo (ID), para responder a críticas de otros integrantes de esta mesa como Ricardo Vanegas (PK) y Sofía Espín (UNES), quienes criticaron el informe que se entregó al Pleno.
“La reglamentación decía que teníamos que debatir la ley artículo por artículo y penosamente no fue así, nos mandaron a votar un proyecto íntegro sin poder debatir los diferentes puntos y nudos críticos”, dijo Espín.
Vanegas mencionó que a la comisión acudieron “25 representantes proaborto y 12 provida”, pero que faltó debatir lo más trascendente. A su vez, criticó que Jaramillo haya principalizado a una alterna que hasta la víspera se desempeñó como funcionaria legislativa; Mario Ruiz (Pachakutik) consideró que esto podría invalidar la plenaria.
Una vez clausurada esta discusión, el proyecto deberá regresar a la Comisión de Justicia para que prepare el informe para el segundo y definitivo debate. Si el proyecto es aprobado deberá ir al Ejecutivo para sus observaciones. Eso quedará para el próximo año, si se toma en cuenta que desde el próximo jueves el Parlamento entrará en receso por 15 días.
La discusión de este proyecto se da con base a la propuesta que presentó la Defensoría del Pueblo el 28 de junio pasado, conforme a la sentencia de la Corte Constitucional que el 28 de abril despenalizó el aborto por violación y requirió a la Legislatura una regulación.
Fuente: El Comercio
