En la víspera, cuando Sofía Almeida anunciaba que la jueza Karly Vargas de la Unidad Multicompetente de Samborondón (Guayas) ratificó una medida cautelar a su favor disponiendo que se mantenga en la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), a esta magistrada se le inició un proceso de sumario administrativo por error inexcusable.
La Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas dio paso a la declaratoria jurisdiccional previa para el inicio del sumario administrativo en contra de Karly Vargas Alvarado por sus actuaciones dentro de un proceso judicial por error inexcusable.
Esta declaratoria jurisdiccional previa la solicitó la Coordinación Provincial del Guayas, en el ámbito disciplinario del Consejo de la Judicatura en noviembre del 2021, por una denuncia presentada en contra de Vargas por el abogado Jorge Cedeño, quien buscaba cobrar un pagaré por más de medio millón de dólares por honorarios, señala un comunicado emitido por la Corte Provincial del Guayas, la noche del 9 de febrero.
La denuncia surgió porque Vargas habría “prevaricado”, demoró el trámite de la causa y habría maltratado de palabra al denunciante.
Los hechos los habría corroborado el entonces presidente de la Corte Provincial del Guayas, Alfonso Ordeñana, al conocer de denuncias por la actuación de esta magistrada.
En medio de esto, la mañana de este 10 de febrero, Karly Vargas emitió una sentencia a favor de Almeida en la que se ratificó en la medida cautelar otorgada el pasado 30 de enero, para impedir que cuatro consejeros del CPCCS traten en una plenaria una moción para removerla del cargo de presidenta.
“Me ratifico íntegramente en la medida cautelar otorgada y con efecto modulatorio dispongo que se deje sin efecto cualquier acto administrativo o actuación posterior al otorgamiento de esta medida cautelar y la permanencia de la accionante como presidenta del Consejo de Participación Ciudadana”, cita la resolución judicial de la jueza Karly Vargas, expedida este jueves 10 de febrero.
En esa misma línea, dispuso a la Policía Nacional que le dé resguardo a Almeida para cumplir con esta medida.
La jueza emitió el pasado 30 de enero una medida cautelar para evitar que se trate en el pleno del Consejo de Participación Ciudadana una moción planteada por el consejero Francisco Bravo para remover de la dignidad de presidenta a Almeida.
El ahora también presidente del Consejo, Hernán Ulloa, presentó otra acción de protección en la misma unidad judicial de Samborondón y la jueza Larissa Ibarra revocó dicha medida.
Con esto, los cuatro consejeros de la ahora mayoría, Ulloa, Bravo, María Fernanda Rivadeneira e Ibeth Estupiñán, reinstalaron una sesión permanente 3 para debatir esta moción, y removieron a Almeida de su cargo de presidenta y a David Rosero como vicepresidente.
Como consecuencia, designaron nuevas autoridades: Hernán Ulloa como presidente y María Fernanda Rivadeneira como vicepresidenta.
Sin embargo, la mañana de este 10 de febrero, la jueza Vargas Alvarado aseguró en su sentencia que no fue notificada de la decisión de la jueza Ibarra y argumentó que, según la Ley de Garantías Jurisdiccionales, únicamente el mismo juez que dictó la medida cautelar puede revocarla y de su negativa existe la vía de la apelación ante el superior.
Por ello, se ratificó en su medida cautelar emitida el 30 de enero y concluyó que cualquier actuación luego de su resolución queda sin efecto.
En una rueda de prensa realizada este 10 de febrero, los consejeros Sofía Almeida y David Rosero se ratificaron como presidenta y vicepresidente, respectivamente, apoyados por el consejero Javier Dávalos.
Rosero anunció que en las próximas horas presentarán una denuncia penal en contra de los cuatro vocales de mayoría por presunta usurpación de funciones y simulación de cargo público, después de haber hecho un “show”.
Ello en referencia a la sesión permanente 3 que resolvieron reinstalar las cuatro autoridades este miércoles, en la que removieron a Almeida y Rosero de sus dignidades.
Almeida apuntó que la sesión de este miércoles fue un “show” porque “irrumpieron en la sala de sesiones, dañaron la puerta del Consejo como si fueran delincuentes, entraron a la brava y retomaron la sesión que no podía ser autoconvocada”.
Rosero responsabilizó al presidente Guillermo Lasso de estar detrás de estas actuaciones y calificó a los cuatro vocales del Consejo de ser “consejeros presidenciales”, que intentan nombrar autoridades de control afines al régimen.
Añadió que las actividades en el CPCCS se mantendrán con normalidad y estarán en funciones y en sus dignidades, con el objetivo de avanzar en el desarrollo de los concursos de designación de autoridades.
En tanto, Ulloa se ratificó también como presidente, y anunció que la jueza Ibarra debe resolver sobre su acción de protección.
“La jueza Vargas ha hecho un pronunciamiento sobre medidas cautelares, y yo presenté una acción de protección y está siendo tramitada en una audiencia y ese es el pronunciamiento que va a definir sobre este lamentable hecho que ocurre en el Consejo de Participación”, dijo.
Añadió que “el escenario de las medidas cautelares se presentan ante un posible derecho vulnerado, no analizan el derecho vulnerado; pero la acción de protección analiza la posible vulneración de derechos y en esta audiencia vamos a tener una resolución donde se menciona si la mayoría del Consejo ha obrado mal instalándose y nombrando la designación de autoridades y removiendo las anteriores o si va a ratificar lo actuado en la sesión del miércoles”.
El Ministerio del Trabajo reconoció la noche de este 9 de febrero su designación como presidente del CPCCS y de Rivadeneira como vicepresidenta.
A esto se suma que este viernes la Función de Transparencia y Control Social, presidida por la superintendenta de Bancos, Ruth Arregui, convocó a los titulares de las nueve autoridades que la conforman, entre ellos a Hernán Ulloa, a una sesión virtual para conocer de la nueva designación de las autoridades del CPCCS.
Fuente: El Universo
