La investigación a Guadalupe Llori (Pachakutik) arranca en la Asamblea Nacional. La presidenta del Parlamento tendrá 10 días de plazo para presentar sus pruebas de descargo frente a la denuncia presentada en su contra por el socialcristiano Esteban Torres.
La Comisión encargada de sustanciar la investigación a Llori mantuvo este lunes 3 de mayo de 2022 su segunda sesión. Lo hizo para avocar conocimiento de la solicitud que fue calificada por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) el 11 de abril pasado.
El siguiente paso será la notificación, tanto a Llori como a Torres, para que presenten sus pruebas de cargo y descargo. Según los comisionados, esto se dará inmediatamente, aunque la ley les da tres días de plazo para hacerlo.
A Torres le corresponderá presentar los documentos en los que se basa para señalar a Llori por un supuesto incumplimiento de funciones. Una de las causales alude a no haber dado paso a la apelación a la Presidencia por dos ocasiones.
Por otra parte, se la responsabiliza de exceder los plazos legales para la reinstalación de las sesiones del Pleno, algo que mantuvo paralizadas las actividades por más de dos meses, debido a fallidos intentos del correísmo de Unes y el Partido Social Cristiano (PSC) por evaluarla.
El art. 166 de la Ley Legislativa estipula que “para la práctica de la prueba tanto la parte denunciante como denunciada serán recibidas en audiencia”, y que “no se admitirá ninguna prueba que vulnere derechos fundamentales o haya sido obtenida mediante mecanismos ilegales”.
La norma agrega que “en caso de no comparecencia, se seguirá el proceso de destitución en rebeldía”. La Comisión tiene de plazo hasta el 31 de mayo para entregar un informe que no tiene carácter de vinculante para el Pleno; una destitución dependerá de 70 votos.
Julio César Sarango, abogado de la Presidencia de la Asamblea, ratificó que se ha vulnerado algunos derechos en la evaluación a Llori como el debido proceso, la seguridad jurídica e incluso que se incumplieron las medidas cautelares otorgadas por un juez constitucional.
“Lo que están realizando es totalmente ilegal porque si desde la conformación es ilegal, desde la calificación es ilegal, todo lo que ellos realicen es ilegal y nula de nulidad absoluta”, señaló.
Sobre la posibilidad de una conciliación, Sarango advirtió que ahora todo depende de los vocales del CAL, contra quienes Llori presentó una acción de protección. Precisó que el plazo dado por la jueza vence este jueves 5.
En un comunicado, el 29 de abril, Llori llamó a los asambleístas “a mantener un diálogo abierto y transparente para este efecto”. Darwin Pereira, primer vocal del CAL, manifestó que la conciliación es posible si Llori renuncia a su puesto.
“Esa sería la salida porque ha corrido demasiada agua bajo el puente. Tenemos cuatro procesos judiciales abiertos, dos procesos penales en los que la señora Llori está pidiendo cárcel para nosotros. Me parece que parte de la conciliación sería que retire esos juicios”, expresó Pereira.
Yeseña Guamaní (ID), segunda vicepresidenta, manifestó que su organización política no está de acuerdo con pedir la renuncia a Llori, tras señalar que se han dado irregularidades en este proceso.
En la primera sesión, el jueves pasado, la instalación de la comisión pluripartidista tuvo que sortear una falsa alerta de bomba.
Esta vez, los contratiempos continuaron. Los comisionados acusaron de “indelicadeza” a Llori por no haber dispuesto facilidades de equipos para que la mesa pueda sesionar, incluso el Secretario fue designado entre los colaboradores de los asambleístas.
El presidente de la Comisión, Pedro Zapata (PSC), dijo que procurará “un acercamiento” con Llori. “Yo creo que ella debería pensar siempre en la institución y no en su tema personal”, manifestó.
Además de Zapata, está integrada por Pamela Aguirre (Unes), Peter Calo (PK), Jhon Vinueza (independiente) y Lucía Placencia (ID).
Los comisionados sesionaron en la sala de la Comisión de Transparencia, que controla la bancada de Unes. Uno de los pendientes es la aprobación de un cronograma de trabajo.
Mientras, Llori retomó este martes la sesión 690 del Pleno que estuvo suspendida 16 meses, donde contenían asuntos que dejó pendientes la anterior Legislatura como un llamado a comparecer al exministro de Salud Juan Carlos Zevallos.
Por otra parte, la bancada de Pachakutik nombró a Salvador Quihspe como su nuevo coordinador, en reemplazo de Rafael Lucero, quien reconoció haberse reunido con el expresidente Rafael Correa en México, en abril pasado. Además, Sofía Sánchez actuará como subjefa.
Fuente: El Comercio
