Pugna entre Judicatura y Presidencia de la Corte Nacional se ahonda

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Con una acción de protección, el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, busca dejar sin efecto la sanción que el Consejo de la Judicatura (CJ) le impuso.

Hace seis días, Saquicela fue suspendido de su cargo, por 90 días. El Pleno de la Judicatura tomó esa decisión, tras recibir una denuncia por supuesta manifiesta negligencia.

La falta disciplinaria por la que es señalado tiene relación con un supuesto retraso en la tramitación de la extradición del expresidente Rafael Correa, desde Bélgica. Ahora, a través de una acción constitucional, Saquicela busca revertir esa suspensión.

La decisión final la tendrá el juez de Cuenca, Carlos Jervez. La audiencia para analizar y resolver este recurso legal arrancó a las 11:40 de este jueves (26 de mayo), en el Complejo Judicial de la capital azuaya. En la tarde, el magistrado suspendió la diligencia. El próximo lunes 30 de mayo de 2022, a las 12:30, está previsto que se reinstale para conocer la resolución.

Durante la diligencia, Saquicela dijo que su suspensión es “arbitraria e injustificada”. En cambio, el representante de la Judicatura manifestó que fue una medida preventiva, para que se “garantice la independencia en el análisis de la denuncia presentada en su contra”.

Saquicela interpuso, el pasado 22 de mayo, la acción de protección en contra de Fausto Murillo, presidente de la Judicatura y el vocal José Morillo, quienes votaron por sancionarlo; además del director del CJ, Santiago Peñaherrera.

Según el titular del Alto Tribunal, al suspenderlo se vulneraron “burdamente” sus derechos y “se afectó a la Función Judicial”. “Presenté una acción constitucional en el lugar de mi domicilio, en Cuenca. El Ecuador podrá escuchar mis argumentos en audiencia pública y a la luz del día”, añadió. El juez también habló de una persecución en su contra.

La pugna entre instituciones

Esta acción de protección muestra la crisis que existe entre la Judicatura y la Presidencia de la Corte Nacional. El conflicto se ahondó el 17 de mayo pasado.

Ese día, Saquicela retiró la terna que había enviado, en febrero de este año, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Entre los nombres se debía designar a un delegado de la Corte Nacional para que asuma la Presidencia definitiva de la Judicatura. Él dijo que retiró la lista por la demora en el trámite.

Además, en ese entonces, Saquicela también criticó la permanencia de Murillo como presidente del CJ y habló de una posible “metida de mano en la Justicia”. Él asumió ese cargo de forma temporal en febrero pasado, tras la renuncia de María del Carmen Maldonado.

El argumento de Saquicela es que la titularidad de ese organismo debe recaer en un delegado de la Corte Nacional y Murillo es un delegado de la Asamblea Nacional. “Por primera vez, en la historia del Ecuador, un Consejo de la Judicatura se encuentra presidido por alguien que no es el representante de la Corte Nacional de Justicia. Ni siquiera tenemos un delegado ni principal ni suplente”, aseguró.

Tres días después de ese pronunciamiento, la Judicatura pidió a la Corte Nacional una declaración jurisdiccional previa contra Saquicela. Según el CJ, esta decisión se tomó luego de recibir dos denuncias en su contra por faltas disciplinarias gravísimas. Además de esa solicitud fue suspendido.

La reacción de Saquicela no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, él escribió lo siguiente: “Denuncié al país la metida de manos en la Justicia, ahora si y víctima de persecución, me van a suspender y luego pretende el CJ destituirme para dar paso a la impunidad. Seguiremos firmes, nos asiste la razón en defensa de la institucionalidad”.

Tras imponer la sanción, Fausto Murillo señaló que no existe una persecución contra el Presidente de la Corte. “Aquí no se trata de personas, es la Institución la que prevalece y tiene que seguir desarrollando su gestión”, señaló.

Después, el 20 de mayo del 2022, los presidentes de las cortes provinciales dieron una rueda de prensa, en Quito, para respaldar a Saquicela. Ellos señalaron que “como garantes de los derechos de las y los ecuatorianos, pero sobre todo como ciudadanos, no reconoceremos a una persona que pretenda actuar como presidente del Consejo de la Judicatura que no haya sido elegida de una terna enviada por el presidente de la Corte Nacional, tal como manda la Constitución y la Ley”.

Dos días después de ese pronunciamiento, el Consejo de la Judicatura dijo que verificará si los presidentes de las cortes provinciales de justicia del país, que ofrecieron esa conferencia de prensa, tenían licencia o permiso para realizar asuntos ajenos a su cargo. El CJ anunció que investigará el accionar de esos magistrados locales.

En medio de esta pugna, Murillo aseguró que la Función Judicial despacha con normalidad, al igual que la atención a la ciudadanía. “El servicio judicial opera con normalidad. Estamos trabajando sin problemas. En 90 días se sabrá si Iván Saquicela cometió o no la infracción, pero la Justicia no está en crisis”, señaló.

El artículo 179 de la Constitución del Ecuador establece que la persona que presida el Consejo de la Judicatura debe ser escogida de una terna enviada por la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia.

Fuente: El Comercio