La Asamblea destrabó el proyecto de ley de uso de la fuerza

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Con el objetivo de entregar mayores garantías a policías, militares y agentes penitenciarios para sus tareas, la Asamblea instaló el segundo y definitivo debate del proyecto de Ley del uso legítimo de la fuerza.

El oficialismo puso en una disyuntiva a los 137 legisladores. “Solo hay dos caminos: o estamos del lado de la ley o de la delincuencia”, dijo Patricio Pinto (Creo), uno de los integrantes de la Comisión de Seguridad, donde se procesó el texto.

Ramiro Narváez, asambleísta de la Izquierda Democrática (ID) y presidente de esta comisión, aseguró que esta norma servirá para “darle claridad al policía para que pueda actuar. Cada nivel tiene que ser utilizado dependiendo del grado de riesgo o del grado de peligro que se genere”.

Señaló que dichas garantías van desde auspicio legal, seguro de vida para proteger al núcleo familiar del uniformado, capacitación, entrenamiento y dotación de armas.

Pero el informe no satisfizo al Partido Social Cristiano (PSC), el correísmo y Pachakutik, que controlan la mayoría en el Pleno.

El socialcristiano Luis Almeida cuestionó que el proyecto no sea explícito para que los policías puedan disparar, en casos de delitos flagrantes como robo o asesinato, y no ser procesados. Aunque Pinto mencionó que “van a poder defenderse en libertad, y no van a perder su trabajo”.

“Ellos están planteado que tiene que ser procesado y que le van a poner un abogado. Cuento. Porque los defensores públicos nunca han ganado un juicio”, replicó Almeida.

El correísmo y Pachakutik identificaron como el nudo crítico el rol de la Fuerza Pública en protestas sociales, aunque los legisladores del oficialismo y la ID señalaron que esta iniciativa no fue construida para normar el tema.

“Estamos estableciendo que sean protegidas por la Policía Nacional y les estamos dando la categoría de movilizaciones y protestas pacíficas. Si en ese contexto, hay personas infiltradas, que incurren en violencia, la Policía puede neutralizarlos”, afirmó Narváez.

En cuanto al rol de las Fuerzas Armadas, Pinto explicó que este cuerpo legal obligará a que los militares “estén articuladamente con la Policía en las calles, no solamente para el control de armas que ya se realiza, sino también podrán ingresar a zonas denominadas calientes”.

El texto de casi 200 artículos llegó a segundo debate en la sesión 774 del Pleno, la primera en ser convocada por el nuevo presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, tras la pugna legislativa que mantuvo trabada a esta Función por tres meses y que desembocó en la remoción de Guadalupe Llori.

Sin embargo, no estuvo libre de polémica porque cuando se instaló la sesión el oficialismo salió del hemiciclo para denunciar ante la prensa que en una moción se había registrado el voto de Ronny Aleaga (Unes), a pesar de que él no se encontraba en el lugar.

La bancada descartó presentar una denuncia para que Aleaga sea investigado por aparecer en unas fotografías junto a sospechosos de narcotráfico y otros delitos, al señalar que el caso ya es investigado por la Comisión de Fiscalización.

Aleaga canceló una rueda de prensa en la víspera. En su lugar, divulgó un comunicado en el cual deslindó su responsabilidad.

Antes de entrar a debatir la ley, el Pleno aprobó dos resoluciones. Una fue para designar a Guadalupe Llori (PK) como integrante de la Comisión de Garantías Constitucionales, en reemplazo de su sucesor, Virgilio Saquicela (Ind.). La moción fue aprobada por la misma mayoría que la removió de la Presidencia.

En tanto que el correísta Blasco Luna presentó una moción para que el primer informe a la Nación del presidente Guillermo Lasso vaya al análisis de la Comisión de Régimen Económico, que controla la oposición legislativa.

Luna explicó que es necesario revisar y contrastar la información presentada por el mandatario el 24 de mayo pasado, conforme a la Ley Legislativa.

El informe anual del Presidente de la República será remitido a dicha comisión para que en el plazo de 30 días elabore el informe motivado para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional.

Sobre la progresividad del uso de la fuerza, el proyecto contempla que no será necesario que el delincuente dispare antes que el uniformado, sino que esto se dará en función de niveles de riesgo o de peligro.

La Policía podrá repeler con un arma diferente al del sospechoso. En caso de una investigación, el policía podrá defenderse en libertad y no será despedido inmediatamente hasta que terminen las investigaciones.

El cuerpo legal contempla la creación de un nuevo estado de emergencia para la intervención de policías, militares y agentes penitenciarios.

También se plantea la creación de un grupo táctico de agentes penitenciarios que, a diferencia de los guías, podrá usar armas para disuadir amotinamientos.

Fuente: El Comercio