La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acogió el pedido de medidas cautelares de un grupo de pacientes con leucemia mieloide crónica del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que lleva años solicitando la entrega del fármaco nilotinib.
La resolución fue emitida por el organismo el pasado 11 de julio de 2022. En el documento solicita al Estado ecuatoriano aplicar “las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud” de los demandantes de forma inmediata, para que tengan acceso a “un tratamiento médico adecuado y oportuno”.
Además, señala que el suministro debe ser regular, bajo la prescripción de los médicos tratantes, y cumplir con los exámenes que permitan evaluar de manera continua su estado de salud, según los estándares internacionales aplicables.
El trámite comenzó el 13 de junio de 2021. Desde entonces la Comisión ha solicitado información a los pacientes y al Estado. Luego de la revisión determinó que los demandantes “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable”.
En el país hay más casos de pacientes con enfermedades catastróficas, huérfanas y raras que han acudido a la justicia para acceder a sus tratamientos. Solo la Alianza Nacional por la Salud (ANS), que agrupa a varias organizaciones de usuarios, registra siete demandas a favor de los pacientes que no se han cumplido.
El calvario para 136 pacientes con leucemia mieloide crónica que reciben atención en los hospitales Carlos Andrade Marín y Teodoro Maldonado Carbo del IESS empezó en julio de 2018. Hasta esa fecha recibieron el nilonitib, un fármaco que es parte del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos.
Ese tratamiento les permitió entrar en remisión, es decir, la enfermedad fue controlada. Pero luego de la interrupción regresaron a quimioterapias. Hasta el mes pasado dos pacientes habían fallecido.
En diciembre de 2018 enviaron varios comunicados a las autoridades del IESS, sin respuesta. Poco después, en enero de 2019, 15 pacientes presentaron una demanda de acción de protección para que se retome la entrega del medicamento.
Esa sentencia se cumplió a medias y en noviembre de 2019 la terapia volvió a interrumpirse. Las autoridades médicas informaron al juzgado que no compraron las dosis suficientes para todos los usuarios.
Los pacientes persistieron y en febrero de 2020 presentaron una acción de incumplimiento de la sentencia de enero del año anterior. Ese pedido pasó a la Corte Constitucional, que seis meses después indicó que el IESS cumplió parcialmente la sentencia y dispuso que tome medidas oportunas para cumplirla a cabalidad. Esta resolución tampoco fue acatada.
En abril de 2021 la jueza de primera instancia dispuso que en 48 horas el IESS entregue el fármaco. Peo ese requerimiento también quedó en papel. Luego de tres meses el proceso incluyó las pruebas clínicas de algunos pacientes que habían perdido la remisión y para quienes el cáncer regresó con mayor agresividad.
El 17 de enero de 2022 presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía contra los servidores públicos del IESS por desobedecer las órdenes judiciales emitidas por la Corte Constitucional.
Un fármaco de alto costo que se intentó fabricar localmente
En medio de las denuncias, las autoridades sanitarias plantearon una solución fallida. Decidieron que el fármaco se podía producir localmente, pese a que tiene patente internacional.
Cada pastilla cuesta USD 30 y los pacientes requieren cuatro al día. El tratamiento al mes sobrepasa los USD 5 000.
El proceso avanzó, pese a que no había posibilidades de producción local. Y fue una universidad de la Costa la que se adjudicó el contrato por USD 3 millones para producir un medicamento genérico, a un costo de USD 17 por pastilla. La fabricación se haría en un laboratorio nacional al que la Agencia Nacional de Regulación y Control Sanitario (Arcsa) le retiró el registro sanitario el mes pasado. Esto debido al incumplimiento de la normativa de buenas prácticas para laboratorios farmacéuticos. El trámite para la devolución del dinero aún no concluye.
Fuente: El Comercio
