La Asamblea aprobó este lunes 7 de noviembre una resolución que condena los atentados y la violencia perpetrada por el crimen organizado, y respalda a las fuerzas de seguridad, al tiempo que exige acciones estatales integrales contra esta problemática.
El texto, que se compone de 17 puntos, fue aprobado con 120 votos a favor de 121 asambleístas presentes en el hemiciclo. Un legislador votó en blanco. En el debate intervinieron 53 legisladores por alrededor de seis horas.
Además de respaldar las acciones de la Policía, Fuerzas Armadas y guías penitenciarios, las bancadas exigieron al Gobierno la entrega de recursos para el equipamiento y formación de estas instituciones.
La oposición legislativa rechazó que el presidente Guillermo Lasso ordenara a sus ministros que no acudan a rendir cuentas a la Asamblea, y advirtieron que esto supone una causal para juicio político. El oficialismo sostuvo que la prioridad de los funcionarios es trabajar en territorio.
Esta resolución fue el único punto en la agenda del Pleno, al retorno a las sesiones presenciales tras el feriado por las fiestas de Cuenca y el Día de los Difuntos.
El texto señala:
Artículo 1.- Solidarizarse con el pueblo ecuatoriano en general; y, en particular, con las familias de las ciudadanas, los ciudadanos, servidoras y servidores de las entidades de seguridad que han sido víctimas de la violencia que azota al Ecuador y que ha minado la convivencia pacífica y el ejercicio de los derechos de todas y todos los ecuatorianos.
Artículo 2.- Condenar la violencia perpetrada por el crimen organizado y los atentados terroristas que debe ser entendida por la institucionalidad y el pueblo ecuatoriano como una declaratoria de guerra contra el Estado en su conjunto, amenazando su supervivencia misma, la soberanía, el Estado de derecho y el régimen democrático, por lo que es deber histórico de todas las funciones del Estado coadyuvar en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.
Artículo 3.- Respaldar las acciones realizadas por el Gobierno Nacional orientadas a retomar el control de los centros de privación de libertad desde donde se ha venido gestando la violencia contra el pueblo ecuatoriano, sin dejar de cuestionar la desidia, la falta de estrategia, de inversión y de acciones concretas y eficaces para enfrentar la crítica situación de inseguridad que enfrenta el país.
Artículo 4.- Ratificar a las entidades de seguridad como la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria el apoyo de la primera función del Estado para que, conforme a los principios del uso legítimo de la fuerza, cumplan con su deber legal de salvaguardar la vida, la integridad, los bienes y el pleno ejercicio de los derechos de las y los ciudadanos; y, solicitar al Gobierno Nacional la asignación de recursos presupuestarios necesarios para cumplir con su deber de forma ágil, oportuna, efectiva y eficaz.
Artículo 5.- Exhortar a las funciones Ejecutivas y Judicial que, en el marco de la independencia de funciones del Estado y de conformidad con sus competencias, activen los mecanismos institucionales para la investigación y sanción de los responsables de los actos terroristas de los últimos días.
Artículo 6.- Solicitar que en un plazo máximo de 10 días las entidades convocadas por el Presidente de la Asamblea Nacional a la Mesa de Seguridad presenten la identificación de necesidades de reforma legislativa para su incorporación en la Ley Orgánica que Regula Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento Institucional y la Seguridad Integral en trámite en la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral.
Artículo 7.- Declarar como prioridad estatal y convocar a todas las funciones del Estado a una gran cruzada por la Depuración, la Reestructuración y Fortalecimiento Institucional de las principales entidades vinculadas a la seguridad como son la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria y la Función Judicial, conforme a la convocatoria y resolución aprobada por la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral; y, disponer que, con este objetivo, se sumen a un trabajo conjunto, la Comisión Especializada de Justicia y Estructura del Estado; y, la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad.
Las tres comisiones de la Asamblea Nacional señaladas presentarán al Pleno de la Asamblea Nacional en el plazo de 60 días una propuesta para este proceso, incorporando a los actores institucionales involucrados, a la academia y a la ciudadanía; la propuesta buscará promover la mayor confianza ciudadana en estas entidades y combatir la impunidad.
Artículo 8.- Respaldar el pronunciamiento y las acciones planteadas por la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral en comunicado público de fecha 3 de noviembre de 2022 que se adjunta a la presente resolución, en el que se propone al Gobierno Nacional 28 acciones concretas en los ámbitos de: control territorial; depuración, reestructuración y fortalecimiento institucional; política criminal; e intervención en las causas estructurales de la violencia y la criminalidad, incluyendo la inversión para promover el desarrollo de la ruralidad y la agricultura familiar campesina.
Artículo 9.- Exigir que, conforme a las recomedaciones de la Comisión de Soberanía Integración y Seguridad Integral para el control territorial, el Gobierno Nacional realice acciones inmediatas para retomar el control de los centros de privación de libertad desde donde se articulan muchas de las acciones que fomentan la violencia contra el pueblo ecuatoriano, atender el hacinamiento en las cárceles y levantar una estrategia para reubicar en distintos pabellones a personas de alta peligrosidad; y, que la Secretaria de Derechos Humanos, en el plazo de 10 días, remita para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional, un informe relativo al estado de avance del censo penitenciario y la implementación de la política pública de rehabilitación rocial.
Artículo 10.- Exhortar al Gobierno Nacional para que, a través de los canales diplomáticos correspondientes, requiera de los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, la colaboración a través de asistencia técnica especializada que contribuya a la solución de los problemas de inseguridad que afronta el país.
Artículo 11.- Condenar la pretendida rebaja presupuestaria en el área de seguridad y justicia evidenciada en la proforma presupuestaria 2023 y exigir al Gobierno Nacional la inmediata priorización para la ejecución presupuestaria en estos ámbitos, verficando los presupuestos estatales asignados al sector en el año 2022 y solicitar que en el plazo máximo de 15 días desde la aprobación de la presente Resolución, el gobierno presente el desglose de la inversión presupuestaria asignada a cada institución articulada al sistema de seguridad y de justicia para enfrentar la crisis de seguridad durante su periodo de gobierno, dicha información será remitida a la Unidad Técnica de Control de la Ejecución Presupuestaria del Estado de la Asamblea Nacional, para que esta elabore el analisis e informe correspondiente en el marco de sus competencias que será enviado al pleno de la Asamblea Nacional para su análisis y debate.
Artículo 12.- Requerir que en el plazo máximo de 30 días, desde la aprobación de la presente Resolución, el Gobierno Nacional presente la estrategia, incluyendo el presupuesto, que se adoptará a corto, mediano y largo plazo para enfrentar la crisis de violencia que atraviesa el país.
Artículo 13.- Solicitar al Gobierno Nacional un informe con los planes ejecutados y los resultados obtenidos tras las declaratorias de estados de excepción incluyendo un detalle de los recursos económicos asignados para atender las declaratorias.
Artículo 14.- Disponer a la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral que, en el marco de la “Resolución para que el Presidente de la Asamblea disponga la comparecencia ante el Pleno de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional al Tcnl. Juan Zapata, Ministro del Interior; Dr. Diego Ordoñez, Secretario de Seguridad Pública y del Estado; Comandante General de la Policía Nacional, Fausto Salinas; María Daniela Saltos, Directora General del Ecu-911; y los Gobernadores de cada una de las Provincias del país para que informen sobre la delicada situación de inseguridad que atraviesa el Ecuador y cuáles son las acciones a emprender para combatir la misma”, aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional, el 11 de octubre de 2022, se incorpore un informe de los últimos acontecimientos y atentados, convocando a todas las autoridades que se requiera con este propósito. La Comisión entregará un informe consolidado en el plazo de 30 días a partir de esta Resolución.
Artículo 15.- Rechazar la inasistencia del Secretario de Seguridad Pública y del Estado, del Ministro de Gobierno, del Ministro del Interior, del Comandante General de Policía, de la directora (e) del Ecu 911 y de las y los gobernadores provinciales, lo que evidencia la inacción gubernamental; y, recordar a los ministros de Estado y a los gobernadores su deber de comparecer a la Asamblea Nacional y sus comisiones especializadas cuando así les sea requerido y entregar la información solicitada, conforme lo determina la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cuyo incumplimiento, en el caso de ministros y secretarios de Estado, configura causal de enjuiciamiento político.
Artículo 16.- Ratificar el respaldo de la Asamblea Nacional al trabajo que viene realizando la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral en el compromiso de priorizar en todo momento el tratamiento de los proyectos de ley en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado y el narcoterrorismo para lo cual se dispone a la Presidencia de la Asamblea asignar el personal adicional necesario para acelerar el tratamiento de los proyectos de ley que tramita la Comisión.
Artículo 17.- Disponer al abogado Álvaro Salazar, Secretario General de la Asamblea Nacional, remitir la presente Resolución a todas las funciones del Estado.
Fuente: El Comercio
