La Asamblea emprende acciones penales contra juez y consejeros destituidos del Cpccs

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El juez que dejó sin efecto la censura y destitución de la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) enfrentará una denuncia por fraude procesal y una queja en el Consejo de la Judicatura. Mientras los beneficiarios de la medida cautelar deberán ser investigados por arrogación de funciones.

Así lo informó este jueves 24 de noviembre el coordinador de bancada del Partido Social Cristiano (PSC), Esteban Torres, quien defendió la resolución con la que el Pleno censuró y destituyó a los consejeros Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo.

Torres mencionó que estas acciones fueron presentadas por su bancada como “noticias críminis” a la Fiscalía General del Estado para sus investigaciones. Él ocupa la primera vocalía en el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL).

El legislador insistió en tachar de ilegal y “sin ningún valor” a la medida cautelar del juez del cantón La Concordia, Ángel Lindao, que permitió a los cuatro consejeros regresar a sus puestos.

Señaló que presentaron una queja para que este magistrado sea sancionado por “error inexcusable”. Dijo que Lindao ya fue sancionado en su momento por haber ordenado la devolución de los bienes a Leandro Norero, quien fue asesinado en la cárcel de Latacunga mientras cumplía una condena por narcotráfico.

“Una segunda denuncia ante la Fiscal General fue presentada en contra de los consejeros destituidos por arrogarse funciones y cometer el delito de estar ejerciendo cargo público sin el respaldo debido”, anotó.

“No vamos a parar hasta que se deje contaminar la Asamblea con este tipo de acciones judiciales”, puntualizó Torres.

Esta situación llevó a que ninguno de los consejeros suplentes se presentara este jueves a la Asamblea para ser posesionado.

El oficialismo y Pachakutik tacharon de ilegal la censura y destitución de los cuatro consejeros, que fue impulsada por el correísmo, el PSC y parte de la Izquierda Democrática, por lo que consideraron que la decisión del juez debe ser acatada.

Fuente: El Comercio

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