La Fiscalía formuló cargos contra dos adultos y dos adolescentes por su presunta participación en el secuestro extorsivo contra una pareja en la Ruta Viva.
En la diligencia, que se realizó la noche del 13 de marzo, el agente fiscal del caso expuso como elementos de convicción el reconocimiento de evidencias, las versiones de las víctimas y las versiones de los agentes aprehensores.
También presentó el examen médico-legal practicado a las víctimas y las pericias psicológicas que evidenciaron que lo ocurrido afectó psicológicamente a la pareja secuestrada.
A esto se sumaron el parte policial de aprehensión, el informe de inspección ocular técnica a la vivienda donde se encontró a las víctimas, el informe de inspección ocular técnica al vehículo en que se movilizaban y las copias de las transferencias bancarias.
Al culminar la audiencia, el juez ordenó prisión preventiva para los dos adultos aprehendidos.
En otra audiencia, la agente fiscal de la Unidad de Justicia Juvenil procesó a los dos adolescentes que también fueron aprehendidos durante el operativo de rescate.
Para ellos el Juez dispuso las medidas cautelares de internamiento preventivo. La instrucción fiscal de este caso durará 30 días.
Uno de los adolescentes implicados en el secuestro, según dijo el ministro del Interior, Juan Zapata, estaría vinculado en el asesinato del policía Freddi Bonilla, perpetrado en Esmeraldas semanas atrás.
En una entrevista con EcuadorTV, Fausto Olivo, director general de Investigación de la Policía Nacional, explicó que aún se mantienen las investigaciones para determinar la participación del adolescente, conocido como alias ‘Boquita’, en los dos hechos delictivos.
Proceso judicial contra los menores
El artículo 361 del Código Integral Penal (COIP) señala que un juez especializado en adolescentes infractores es quien debe analizar las pruebas recopiladas por Fiscalía y dictar sentencia, luego de que culmine la investigación y el proceso judicial avance hasta la etapa de juicio.
Cuando un adolescente es señalado como el responsable de un delito, el magistrado debe imponerle una medida socioeducativa y la reparación integral a la víctima.
Según la normativa penal existen medidas socioeducativas privativas y no privativas de libertad. En el segundo caso debe cumplir la pena en un Centro de Adolescentes Infractores.
Fuente: El Comercio
