La asambleísta correísta Viviana Veloz (Unes) y Esteban Torres (PSC) hablaron del juicio político contra Guillermo Lasso, que se presentará en la Asamblea. Foto: Flickr Asamblea Nacional
La Asamblea Nacional postergará el envío del pedido de juicio político contra el presidente, Guillermo Lasso, a la Corte Constitucional para un dictamen de admisibilidad. Estaba previsto que el trámite se realice este 21 de marzo de 2023.
La oposición legislativa liderada por el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC) planteará reconsiderar la calificación del texto, que se dio hace menos de 24 horas en el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), para que los proponentes corrijan los errores detectados en el documento.
«Varios sectores de la Asamblea, incluido el PSC, hemos decidido que lo mejor es que el documento vaya sin fallas, y que vaya además de la mejor manera a la Corte Constitucional. Eso podría provocar una reconsideración de la votación de ayer y, quizás, incluso la devolución a los proponentes para que completen el pedido», dijo Esteban Torres, coordinador de esta bancada y primer vocal del CAL.
El legislador mencionó que eso se dará en la sesión del Consejo prevista para esta noche, a las 19:00, en modalidad virtual. «Estamos dentro del plazo para pedir la reconsideración. La votación no está cerrada», adujo.
«La reconsideración lo que hace es dejar insubsistente la aceptación a trámite de la solicitud, que no es una aprobación como tal del CAL, y en tal virtud vuelve al estado anterior y en ese estado anterior alguien podría mocionar que, en virtud de una serie de errores, se mande a completar a los proponentes», explicó.
La decisión del CAL depende de una mayoría de, al menos, cuatro votos que controla la oposición legislativa. Torres recordó que la Ley Legislativa prevé un plazo de tres días para que se complete el documento. En ese escenario, el CAL deberá volver a sesionar para admitir a trámite el documento, lo que podría tardar hasta la próxima semana.
Los errores
Los errores consisten en que los proponentes invocaron artículos de la Constitución y la Ley Legislativa que no corresponden para el juicio político al Jefe de Estado, sino para ministros y otros funcionarios. Además, invocan artículos del Código Orgánico Integral Penal (Coip), sin tomar en cuenta la reforma del 2021.
«No hay un error de fondo en el contexto mismo del juicio político, ni se ha desvirtuado en términos técnicos la posibilidad de que se haga un ajuste o incluir incluso otro tipo de figura legal, de acuerdo a la potestad que tiene el juez constitucional», aseguró Gisela Garzón, asambleísta del correísmo (Unes).
El coordinador de la bancada de Pachakutik, Salvador Quishpe, consideró que estos errores son premeditados por parte de la mayoría liderada por Unes y el PSC.
«No es verdad que están cometiendo errores involuntarios, están actuando con piola, sus errores son premeditados para que el juicio se caiga en la Corte Constitucional y no haya juicio político», enfatizó.
Sin embargo, la oficialista Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, rechazó acusaciones de pactos del Gobierno con la oposición.
«Yo no creo que se pueda hablar de un pacto, yo no creo que el gobierno se atrevería a pactar con analfabetos constitucionales, más aún con una burda actuación. Yo creo que esto sí devela una torpeza, una ineptitud enorme por decir poco y por ser amable», enfatizó.
Los proponentes
La solicitud de juicio político fue presentada el jueves pasado por los asambleístas Viviana Veloz (Unes), Pedro Zapata (Psc), Rodrigo Fajardo, de una facción de la ID y Mireya Pazmiño, separada de la bancada de Pachakutik y afin al presidente de la Conaie.
Ellos acusan a Lasso de haber adecuado su conducta a los delitos de concusión y peculado, una de las causales que prevé el artículo 129 de la Constitución para el juicio político contra el Primer Mandatario.
Los cuatro proponentes del juicio político son los mismos que fueron parte de la mayoría de la comisión ocasional que investigó a Lasso por una supuesta trama de corrupción en empresas públicas y la presunta operación de la mafia albanesa en Ecuador, que involucran a su círculo cercano.
La Corte Constitucional tendrá un plazo de seis días para pronunciarse, una vez que la Asamblea le remita este pedido, según la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Si el dictamen es favorable, la causa deberá ser sustanciada por la Comisión de Fiscalización, en caso contrario se archivará.
Fuente: El Comercio
