La Comisión de Fiscalización conoció la solicitud de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, por el presunto delito de peculado, y ordenó la notificación para que en un plazo de diez días anuncie las pruebas y las solicitudes de comparecencias que requerirá para su defensa.
El plazo de diez días, según el presidente de la comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, empezará desde el día en que el primer mandatario sea notificado de manera personal, a igual que la notificación a los cuatros legisladores acusadores: Viviana Veloz (UNES), Pedro Zapata (PSC), Mireya Pazmiño (separada de Pachakutik) y Rodrigo Fajardo (separado de la ID).
Indicó que el proceso de notificación no es tan sencillo, pues se tiene que notificar de forma presencial al Presidente de la República en tres intentos, y desde ahí corren los plazos. “Noto que hay una desesperación de algún sector, por lo tanto, digo de una vez que solo cuando estén notificadas las partes corren los plazos, que son diez días que son fatales”, subrayó Villavicencio, quien anunció que entre el 5 y 6 de mayo estaría el informe motivado que exige la normativa.
La Comisión de Fiscalización, este 3 de abril, se instaló pasadas las 14:00, con la presencia de los 9 asambleístas e inmediatamente se dio lectura respecto a la notificación que realizó el Consejo de Administración Legislativa (CAL), sobre la solicitud de interpelación y el dictamen de admisión de la Corte Constitucional (CC).
El presidente de la mesa de Fiscalización, Fernando Villavicencio, aclaró que hará cumplir con lo que establece el numeral 97 del fallo de la Corte Constitucional; es decir, “tenemos que singuralizar las acusaciones y las pruebas, porque han sido excluidas dos acusaciones y solo está la acusación sobre un presunto delito de peculado, y las únicas pruebas válidas de acuerdo con el fallo de la Corte son aquellas relacionadas con el presunto delito de peculado y no en todo Flopec, sino exclusivamente en los contratos Time Charter Amazonas Tankers”.
Invocó a los legisladores que participaran en el proceso de sustanciación del juicio que “nada de estar hablando de la provincia de Sucumbíos y otros temas, ni de Cherrez nada; y de una vez que vayan entendiendo los legisladores aquí no hay espacio para hablar de mafia albanesa, porque no presentaron las pruebas, tampoco hay especio para hablar de Leonardo Cortázar, porque no quisieron presentar pruebas; y menos habrá espacio para hablar de Ítalo Cedeño y supuestos casos de corrupción en Petroecuador”.
Reiteró que la única prueba válida y calificada por la Corte Constitucional es aquella relacionada con el caso relacionado con Flopec, y no en todo Flopec.
En el proceso de sustanciación, según la ley, puede presentarse personalmente o a través de sus abogados, pero en el caso del juicio ya en el pleno sí debe presentarse.
Al iniciar el debate en la Comisión de Fiscalización, el primero en intervenir fue el asambleísta Roberto Cuero, quien resaltó que no se trata de un juicio penal, sino político. Mencionó que en este proceso contra el primer mandatario “se juega el futuro del país” y rechazó que se pretenda “trazar la cancha” sobre lo que pueden o no hacer los integrantes de la mesa legislativa.
Ana Belén Cordero, por su parte, comentó que el enjuiciamiento político a Lasso se debe respetar la ley y los dictámenes constitucionales. “Jamás se les va a coartar su libertad de expresarse y debatir”, increpó Cordero y señaló que no se admitirá cualquier elemento o prueba que no corresponda al proceso.
El legislador Marco Troya criticó que a veces “más que un juicio político, lo que se busca es ser protagonistas de un circo”. Añadió que los parlamentarios deben contar con todos los argumentos posibles, que proporcionen las partes involucradas. “Debemos tratar de evidenciar una objetividad necesaria”, acotó.
Para Bruno Segovia se trata de “un juicio histórico” en 90 años, “que sea un mensaje de que nadie está por encima de la ley”, comentó. Agregó que los legisladores deben ser objetivos, no adelantar criterios en el procedimiento y pidió a sus colegas analizar son seriedad las pruebas de cargo y descargo que lleguen a la Comisión.
El juicio en la Asamblea será para evaluar la actuación del presidente, enfatizó el legislador Comps Córdova, quien rechazó que se quiera delimitar el tratamiento de ciertos temas como los relacionados con la provincia de Sucumbíos.
A lo que Villavicencio respondió que lo de Sucumbíos “era una metáfora” y aseguró que no se prohibirá a nadie expresarse, pero aclaró que el informe motivado que salga de la Comisión solo se hablará del presunto delito de peculado, no de otros temas.
A continuación, una de las proponentes de juicio, Viviana Veloz precisó que nadie de la Comisión puede adelantar criterios y criticó que inclusive se insinúe la posibilidad de archivar el juicio. Que se respete el debido proceso, insistió.
El oficialista Fernando Flores comentó que el trámite en la Comisión debe respetar lo que establece el dictamen de la Corte Constitucional. Reiteró que el presidente Guillermo Lasso asistirá a la mesa legislativa. Señaló que el hecho de que la Corte haya dado pasado al juicio, no significa que las acusaciones en contra del jefe de Estado tengan la razón.
A las 15:00 terminó el debate en la Comisión de Fiscalización, con la votación unánime de los nueve legisladores a favor de avocar conocimiento de la solicitud de juicio político. Al finalizar la jornada, el asambleísta Villavicencio indicó al secretario de la mesa que se proceda con la notificación a las partes, para que cada una presente sus pruebas.
Fuente: El Universo
