El presidente Guillermo Lasso autorizó la tenencia y el porte de armas de uso civil para defensa personal, a escala nacional. Lo hizo la noche del 1 de abril del 2023, luego de firmar el Decreto Ejecutivo 707.
El Primer Mandatario dijo que el objetivo es adoptar una medida urgente frente a los hechos delictivos registrados en el país y “frente al enemigo en común’ que tiene Ecuador que es la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado”, dijo Lasso.
Sin embargo, expertos en seguridad consultados por EL COMERCIO critican esta decisión, pues consideran que esa resolución fue tomada al calor de la coyuntura de inseguridad en el país.
Además, los analistas coinciden que el libre porte de armas no va a solucionar los problemas estructurales de seguridad. Al contrario, consideran que puede haber un incremento en la violencia.
Diego Pérez, experto en seguridad, considera que armar a la ciudadanía no necesariamente implica más seguridad. “El problema estructural no es la delincuencia común, sino es la delincuencia organizada”.
Además, considera que esta medida en lugar de frenar a la delincuencia, podría provocar un aumento en la violencia. “El libre porte de armas va a permitir que la delincuencia eleve la fuerza y actúe con más violencia en contra de las víctimas”. Por ejemplo, apuntar con un arma a un delincuente, podría provocar que este dispare primero al sentirse amenazado.
Pérez también cree que el libre porte de armas puede provocar que las personas formen grupos paramilitares, pues “la ciudadanía siente que el Estado es deficiente para garantizar la seguridad de los ciudadanos”.
El investigador en temas de seguridad, Lautaro Ojeda, tampoco está de acuerdo con el libre porte de armas. Él sostiene que para usar un arma de fuego se requiere una formación, pues sostiene que la inexperiencia puede provocar errores al disparar, es decir, puede haber balas perdidas, que afecten a personas inocentes.
Por su parte, el docente universitario, Diego Pontón, considera que esta decisión no soluciona el problema estructural de seguridad.
“Esta medida es una muestra de que el Estado no puede luchar contra el crimen y por eso quiere darles esa tarea a los ciudadanos, pero eso traería muchos más problemas que soluciones”, indicó Pontón.
Él considera que sí habrá personas que obtengan el permiso de tenencia y porte de armas por la vía legal y expedita. Pero también cree que “existe el riesgo” de que ciertas personas accedan a ese permiso a través de la corrupción.
Para obtener el permiso de tenencia y porte de armas, las personas deben cumplir con ciertos requisitos. Estos son: Tener como mínimo 25 años de edad, poseer un certificado de la prueba psicológica emitido por el Ministerio de Salud Pública, tener un certificado de destreza en el manejo y uso del arma emitido por el Ministerio de Defensa Nacional.
Además, no tener sentencias condenatorias ejecutoriadas por cometer un delito, no registrar antecedentes de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, obtener un certificado de haber superado un examen toxicológico, que determine que la persona no ingiere drogas y no es alcohólica, emitido por Ministerio de Salud Pública. Y otros requisitos que establezca el Ministerio de Defensa Nacional y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Fuente: El Comercio
