Los cuatro proponentes del juicio político contra Guillermo Lasso tienen 72 horas de plazo para ajustar sus pruebas al dictamen de la Corte Constitucional. Hasta entonces no podrá ser entregada la notificación al Jefe de Estado para su interpelación.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio (independiente), hizo este requerimiento a los proponentes, después de que la Mesa avocó conocimiento de la solicitud. El plazo vence este jueves 4 de abril del 2023.
Cuando presentaron la solicitud, los proponentes anunciaron 20 pruebas documentales y más de 30 pedidos de comparecencias. Sin embargo, la Corte determinó que no tenían sustento las acusaciones de concusión contra Lasso y solo admitió lo relacionado con un presunto peculado en un contrato de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).
La vicepresidenta de la Comisión, Ana Belén Cordero (Creo), explicó que lo que les corresponde ahora es «delimitar el acervo probatorio», conforme al dictamen. De lo contrario no puede empezar a defenderse el Jefe de Estado.
«Deben delimitar el hecho puntual que se va a investigar, que ya lo hizo la Corte, que es el presunto peculado por un contrato de 2018 en Flopec con la Empresa Amazonas Tanker, como los hechos y las pruebas que van a servir de sustento, y delimitar, y singularizar y pormenorizar esas pruebas conducentes a probar qué hecho concreto», dijo.
Los proponentes son Viviana Veloz, Pedro Zapata, Mireya Pazmiño y Rodrigo Fajardo, asambleístas de la mayoría liderada por el correísmo (Unión por la Esperanza, Unes), el Partido Social Cristiano (PSC) y sus aliados. Ellos prevén entregar una respuesta la tarde de este 4 de abril de 2023.
Veloz enfatizó que «la Comisión de Fiscalización no puede actuar como si fuese un Juzgado penal, civil o constitucional».
«Usted puede presentar las pruebas que considere necesarias hasta el último día. De manera que vamos a revisar aquello porque no nos parece algo que haya sido revisado legalmente», expresó Zapata.
El presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, insistió en que se trata de un mandato de la Corte Constitucional.
«No se enojen conmigo. La Corte Constitucional delimitó el campo de acción del juicio, la cancha está trazada. Y he dado 72 horas. Si quieren hacerlo antes, presenten antes, hoy mismo, entonces hoy mismo yo notificó al Presidente», enfatizó.
Entretanto, la asambleísta Pazmiño negó haber recomendado al Gobierno que continúe el contrato cuestionado con Flopec. Aseguró que envió varios oficios a la Contraloría y al Ministerio de Energía para que revisen cada uno de los acuerdos comerciales.
«El señor Villavicencio está nervioso porque también le envié a él estos dos informes y él hizo caso omiso», aseveró la legisladora. Adelantó que pedirá la comparecencia de exgerentes de Flopec para que aclaren lo ocurrido.
A su vez, el contralor subrogante, Carlos Riofrío, aseguró en otra Comisión Legislativa que este organismo no tiene la atribución para determinar la terminación o no de un contrato.
«Si la Contraloría no determina tres tipos de responsabilidades: civil, administrativa o penal, no sé de qué tipo de delitos se esté hablando», concluyó el oficialista Pedro Velasco, integrante de la Comisión de Fiscalización.
Fuente: El Comercio
