La tensión en la Comisión de Fiscalización que procesa las pruebas testimoniales dentro del juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, bajó en el segundo día de comparecencias donde hubo al menos trece convocados, pero no todos llegaron al llamado.
La sesión de la mesa de Fiscalización sigue dirigida por la oficialista y vicepresidenta de la comisión, Ana Belén Cordero, mientras el legislador Fernando Villavicencio, está impedido de presidir porque la apelación sigue vigente mientras no se clausure la sesión. Las sesiones son largas y en los interrogatorios algunos asambleístas insisten en hacer preguntas que no tienen relación con el objeto de la acusación contra el primer mandatario.
Las exposiciones en este segundo día se centraron en determinar qué tanto conocía el presidente de la República, Guillermo Lasso, sobre los contratos suscritos años atrás de su mandato entre Flopec con los proveedores externos para el transporte de crudo. Los acusadores sostienen que el primer mandatario participó en una presunta distracción de fondos públicos en la ejecución de contratos celebrados por Flopec con Amazonas Tanker Pool.
El ministro de Energía, Fernando Santos, aclaró que el contrato en discusión fue firmado antes de que asumiera el cargo que fue en noviembre de 2022; sin embargo, señaló que el 20 de diciembre de 2022 recibió el informe no vinculante sobre la situación actual de la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), remitido por la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional y que envió a la empresa pública para que se tome en cuenta las observaciones.
En su exposición, el titular de Energía, afirmó que desconoce si Flopec acogió las recomendaciones que formuló la Contraloría del Estado, porque esa acción de control se realizó antes de asumir el cargo.
Ante los legisladores afirmó que no correspondía en su gestión el combate la corrupción, porque para ello, el primer mandatario tenía un órgano especializado como la Secretaría Anticorrupción. Que él no recibió ninguna disposición directa del presidente, Guillermo Lasso, respecto a un supuesto entramado de corrupción en Flopec, que eran únicamente rumores.
Tampoco se enteró que en diciembre de 2022, se realizó la renovación automática del contrato de transporte de crudo entre Flopec y Amazonas Tanker, cuando él llevaba un mes en el cargo de Ministro de Energía y Minas.
La legisladora Viviana Veloz (UNES), proponente del juicio, insistió que las comparecencias de testigos llevarán a comprobar la responsabilidad política por parte del Presidente, Guillermo Lasso, pues la comparecencia del ex secretario nacional Anticorrupción, Luis Verdesoto, dio cuenta que el primer mandatario tenía conocimiento de las fichas de prevención de corrupción que se enviaron durante todo el año 2022, así como también de las irregularidades en la designación de altos funcionarios en la empresa Flopec, y el conflicto interempresarial que existía para los fletamentos de los buques que trasladan el crudo de petróleo.
La representante de UNES indicó que con la comparecencia del ministro de Energía, Fernando Santos, se evidenció que el presidente Guillermo Lasso, nunca tuvo la intención de que se denuncie o se investiguen los actos de corrupción en Flopec; y afirmó que tras la exposición del ministro, Fernando Santos, deja mucho que desear sobre su actuar en esa cartera de Estado, pues como es posible que le diga a los ecuatorianos que “él no tenía porqué conocer de la renovación automática del contrato entre Flopec y Amazonas Tanker, pese a que tiene un delegado ante el delegado de Flopec”.
Según Veloz, en la exposición del ex ministro, Juan Carlos Bermeo, ratificó las irregularidades y lo que la Procuraduría del Estado no pudo emitir un criterio sobre los cuatorce contratos con la empresa Flopec y Amazonas Tanquer, puesto que existía un pronunciamiento de la Contraloría del Estado.
Veloz recalcó que la responsabilidad política del primer mandatario se hubiese agotado si hubiese dejado sin efecto el contrato entre Amazonas Tanker y Flopec, y no con las denuncias con las alertas que se hizo.
Recordó que la denuncia que interpuso Pilar Ferri, ex gerente de Flopec, no era para investigar a Hernán Luque, Rubén Cherres y Danilo Carrera, sino para investigar a un ex gerente de la empresa pública.
La asambleísta que pertenece a las filas del correísmo anunció que analizarán la presentación de una solicitud de juicio político al ministro, Fernando Santos, porque hay responsabilidad política del ministro por sus omisiones y acciones dentro del caso Flopec, pues no puede afirmar ante el país que como entró en funciones en noviembre de 2022, no tenía por qué conocer las irregularidades que venían dándose en la empresa Flopec.
Que el bloque analizará el momento para hacer un pedido de juicio político al Ministro de Energía, que ahora la prioridad es evacuar el juicio político al presidente Guillermo Lasso Mendoza.
Edgar Neira Orellana, abogado del primer mandatario, dijo que en el segundo día de comparecencias se confirmó que su cliente no tuvo conocimiento respecto de los contratos suscritos por Flopec con sus proveedores internacionales, y que ese es el aspecto medular que tendría que determinarse en el juicio.
Indicó que no se aportó una sola declaración y un solo documento que permita establecer una relación entre los contratos suscritos por una empresa pública de las 20 que existen, y que éstos fueron de conocimiento del Presidente de la República.
Neira explicó que no está en el ámbito de las atribuciones legales y constitucionales del primer mandatario suspender un contrato que firma una empresa pública, porque en el ordenamiento jurídico existe una norma que manda que todas las empresas públicas serán autónomas financiera, económica y administrativamente, y además, les otorga personalidad jurídica propia.
Además, los presupuestos de las empresas públicas no forman parte de presupuesto general del Estado por mandato constitucional. Por lo tanto, el presidente no puede decidir sobre contratos, porque es un manejo administrativo que corresponde a la gestión de cada empresa pública.
Cuándo se llega a conocimiento de la opinión pública de que existiría problemas respecto a contratos suscritos en otra administración, lo que hizo el Ministro de Energía, que en ese momento era parte del director de Flopec, insiste a la gerencia general que se presente una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y eso se hizo en septiembre de 2021. Y luego, el primer mandatario remitió una carta a la Fiscal General donde le hace saber que hay un problema con esos contratos y pide que investigue, y la decisión política del presidente fue facilitar la investigación.
Aclaró que la Contraloría General del Estado no recomendó terminar el contrato y que el propio informe que trabajó la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional advierte que una terminación de contrato generaría una serie de problemas económicos y financieros, y además, un gran problema para el Estado con altos costos para el Estado, y además se había avocado al país a resolver un problema de provisión de buques.
Neira explicó que frente al problema lo que se hizo fue renegociar las condiciones de ese contrato acogiendo las recomendaciones de la Contraloría del Estado, de manera que en la renovación del contrato se hace bajo condiciones renegociadas y modificadas en octubre 2022.
Fuente: El Universo
