Este jueves 20 de abril del 2023 se realizó el primer debate de la Ley Reformatoria al Código del Trabajo, en la Asamblea Nacional. El proyecto contiene las aspiraciones de las centrales sindicales, una de ellas es el incremento de las vacaciones anuales de 15 a 30 días en el sector privado.
El asambleísta Salvador Quishpe, ponente del proyecto de ley ante el Pleno de la Asamblea Nacional, señaló que esta propuesta busca equilibrar la relación entre empleador y trabajador.
Esta propuestas de reforma a la ley fue presentado por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT). La presidenta del gremio, Marcela Arellano, señaló este jueves ante el Pleno que se han producido importantes cambios en el mundo laboral y que es necesario incorporarlo a la legislación vigente.
Por ejemplo, se busca agregar el derecho a la seguridad social y sueldo fijo para los trabajadores de las plataformas digitales, modalidad laboral que se masificó tras la pandemia del covid-19.
“Este poyecto de ley recoge las propuestas y las necesidades de modernizar el mundo del trabajo, que permita la protección de los trabajadores. Queremos que sean cada vez más las personas protegidas con derechos laborales”, señaló Arellano.
El proyecto de ley
Además, en este proyecto se incorporan temas referentes a los procesos para los despidos; la participación de las mujeres y personas con enfermedades catastróficas en la vida laboral, período de gestación y lactancia, entre otros.
El proyecto de ley contiene 86 artículos reformatorios al Código del Trabajo, una disposición transitoria y una disposición final. Sin embargo, uno tema que ha generado mucho debate es el aumento de las vacaciones anuales de los trabajadores del sector privado.
Vacaciones de 30 días para el sector privado
El proyecto busca aumentar el período de vacaciones de 15 a 30 días al año para los trabajadores del sector privado, al igual de lo que ocurre con los empleados del sector público, quienes sí gozan de un mes de vacaciones.
Actualmente, los empleados privados tienen 15 días de vacaciones anuales y a partir del quinto de año de labores se incrementa un día cada año hasta llegar a los 30 días.
Quishpe reconoció que la propuesta tiene varias aristas y es posible que haya modificaciones. “Por un lado nos parece bien. Si el sector público tiene vacaciones de 30 días. ¿Por qué el sector privado debe tener vacaciones solo de 15 días?”, preguntó Quishpe.
Pero, asimismo, dijo que muchos empleadores del sector privado, sobre todo emprendedores, han señalado que estos periodos de vacaciones complicarían su productividad, ya que tienen solo uno o dos empleados y sería muy difícil el sostenimiento de estos emprendimientos.
“Es un tema que está planteado, pero está sujeto todavía a discusión. No queremos que el pequeño emprendedor y ningún empresario tengan problemas. Sino que más bien esto ayude a fortalecer al sector empleador”, dijo.
Para, Vanessa Velásquez, experta en temas laborales, toda la propuesta de ley no guarda relación con la realidad laboral y empresarial y del país. “Sobre todo después de haber pasado una paralización de octubre de 2019, una pandemia de dos años y posterior a eso otra paralización en junio del 2022. Y ahora hay que sumarle el tema de inseguridad”, dijo.
Con respecto a la posibilidad del incremento de las vacaciones a 30 días señaló que, se entiende que se busque respetar el principio de igualdad entre el sector público y privado. Sin embargo, dijo, “creo que es importante que se haga una comparación con nuestros pares de Latinoamérica. En su mayoría no se exceden de los 15 días vacaciones». Y si hay una progresividad obedece, igual que en el Ecuador, al tema de estabilidad y permanencia a los trabajadores,” dijo.
Comisión receptará propuestas
El sector empresarial aún no se ha pronunciado sobre el tema. Sin embargo, Quishpe invitó a todos los sectores a presentar sus propuestas y criterios que aporten a este proyecto ante la Comisión del Derecho al Trabajo. Esto servirá para enriquecer el informe que se presentará ante Pleno de la Asamblea para el segundo debate, que se espera sea en tres meses.
“Estamos buscando que el informe que vaya a salir sea en un consenso. No queremos vetos, ni que se queden algunos hilos sueltos que mañana puedan ser problemas de vulneración de derechos”, dijo.
Fuente: El Comercio
