Era la 01h10 de la madrugada del 22 de marzo de 2024, cuando concluyó la audiencia de formulación de cargos en contra de Francisco Sebastián Barreiro, hijo de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad.
La jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales especializada en delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, María Fernanda Castro Angos, dictó prisión preventiva por el presunto delito de oferta de tráfico de influencias. Posteriormente se supo que el detenido fue trasladado al centro de rehabilitación social Masculino Guayas Nº 3, conocido como La Roca, situado en Guayaquil.
No es un dato menor, pues se trata del penal de máxima de seguridad de Ecuador, donde han sido recluidos cabecillas de bandas, imputados por asesinato, terrorismo, delincuencia organizada, entre otros. Esta decisión ha generado debate sobre si la medida fue excesiva o desproporcionada. Aquí los detalles.
¿Por qué fue enviado a La Roca?
Sobre las razones del traslado del hijo de la vicepresidenta a la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, se conoce poco. Este medio contactó al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI) para verificar si efectivamente se encuentra en el penal, sin embargo, la respuesta fue que, «por razones de seguridad», no podían proporcionar esa información.
Sin embargo, el abogado de Barreiro, Oswaldo Trujillo, confirmó a Ecuavisa que su cliente sí fue trasladado el pasado viernes, explicando que durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía no solicitó específicamente su traslado a esa cárcel. Asimismo, mencionó que la resolución de la jueza que dictó la prisión preventiva fue apelada, y que ella misma tampoco ordenó el traslado a La Roca.
La noticia le fue comunicada, asegura Trujillo, por «la policía al momento del traslado», y añade que no le explicaron la razón de esta decisión:
«Simplemente el SNAI resolvió llevarlo a La Roca. Presumimos que les dieron la orden desde arriba de hacerlo así».
Pero, ¿quién decide el destino de un detenido en cuanto a la cárcel a la que será enviado? Según lo revisado por Ecuavisa, en la audiencia de formulación de cargos publicada en el Sistema Automatizado de Trámite Judicial Electrónico (Satje), la jueza no ordena específicamente que Barreiro sea trasladado a La Roca; dicta prisión preventiva.
El abogado penalista y docente universitario, Pablo Encalada, explica que el procedimiento habitual implica que la Fiscalía presente la acusación, el juez determine si existen elementos suficientes para dictar prisión, y el SNAI decide «a qué centro enviar a la persona privada de libertad».
Agrega que, en situaciones excepcionales, los jueces pueden determinar el lugar de reclusión del detenido, pero lo habitual es que esta responsabilidad recaiga en el SNAI.
Con eso despejado, otro aspecto que debe tenerse en cuenta, señala Nino Cassanello, abogado penalista, es que un derecho de las personas privadas de libertad es estar recluidas en el lugar donde tienen su domicilio. En el caso de Barreiro, por proximidad, sería la cárcel de Turi.
Encalada señala que en este caso hay otros aspectos que resultan llamativos, como el hecho de que la audiencia se realizó de manera reservada, lo que dificulta obtener información clara sobre si la prisión preventiva está debidamente fundamentada. Esta medida, afirma, es excepcional y debe basarse en el principio del riesgo de fuga.
En su opinión, la decisión de enviarlo a La Roca parece ser desproporcionada respecto al delito del que se le acusa, que es la oferta de tráfico de influencias: «Jurídicamente es insostenible porque ni la Fiscalía ni el juez han acreditado que se trate de una persona tan peligrosa. No sabemos, si no es así, no veo ningún argumento sólido para que sea enviado a una cárcel de máxima seguridad».
Según Cassanello, es posible que el SNAI haya elaborado un informe para justificar la decisión por razones de seguridad, aunque no hay certezas al respecto. Este medio volvió a consultar a la entidad vía correo electrónico sobre los argumentos detrás de la decisión, pero hasta la publicación de este reportaje, no se ha recibido respuesta.
¿Sabías que?
La Fiscalía General del Estado (FGE) asegura que Barreriro recibió 3 400 dólares por ubicar a un hombre en un puesto de coordinador dentro de la Vicepresidencia de la República. El delito de oferta para realizar tráfico de influencias se sanciona con tres a cinco años de cárcel.
Con corte al 15 de marzo de 2024, Ecuavisa conoció que en La Roca se registran 31 privados de libertad. Con Barreiro serían 32.
En el penal se encuentran reos considerados de «alta peligrosidad». Por ejemplo, el pasado 12 de agosto de 2023, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional trasladaron a José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, actualmente prófugo de la justicia. Asimismo, a Daniel Piguave Candelario, alias Gordo Candela o Candelario de Los Choneros; y, Freddy Gonzalo Mendoza Fernández, alias Gordo Mendoza de Los Águilas.
Más preguntas: ¿qué establece la normativa respecto al perfil de los internos que puede albergar La Roca? Para comprenderlo mejor, es importante contextualizar. Originalmente, La Roca fue habilitada el 7 de agosto de 2020 durante el Gobierno de Lenín Moreno, luego de haber estado desocupada durante siete años, con el objetivo de mitigar el hacinamiento en las cárceles. Pero, el proyecto no se concretó en ese momento.
La resolución (Nro. SNAI-SNAI-2020-0035-R) emitida en esa ocasión determinó que la población carcelaria destinada a este centro podía variar según la tipología que estableciera el SNAI para dicho fin.
Finalmente, el penal comenzó a operar en abril de 2022, durante la administración de Guillermo Lasso, con el objetivo principal de albergar a cabecillas de bandas criminales y a responsables de masacres ocurridas en el sistema carcelario.
Hasta febrero de 2023, según información obtenida por Ecuavisa, los internos alojados en este centro penitenciario tenían perfiles que incluían condenas por delitos como femicidio, asesinato, tráfico de drogas y extorsión.
Una resolución más reciente (Nro. SNAI-SNAI-2023-0123-R), emitida el 15 de diciembre de 2023 y firmada por Luis Eduardo Zaldumbide, actual director general del SNAI, establece que únicamente podrán ser alojadas personas que estén cumpliendo una sentencia. No obstante, se enfatiza que la última decisión sobre quiénes ingresan recae en el SNAI.
En La Roca, al ser un penal de máxima seguridad, los detenidos son sometidos a un estricto régimen de aislamiento total. Bajo estas condiciones, los reclusos tienen acceso limitado a exteriores, en horarios restringidos, no se les permite recibir visitas, a excepción de reuniones con sus abogados.
Sobre ello, la defensa de Barreiro denuncia estar incomunicado de su defendido, «estoy insistiendo para poder ir a La Roca a verlo», aseguró.
Fuente: Ecuavisa
