Se cumplen 15 días del paro en Archidona, provincia de Napo, en contra de la construcción de una cárcel. Los ciudadanos consideran que incrementará la violencia y caerá el turismo. Pero hay quienes ven en esta obra la generación de empleo y asignación de recursos.
Este 16 de diciembre de 2024, Archidona cumple dos semanas de paralización. La medida se tomó como rechazo a la construcción de una cárcel de máxima seguridad en dicha localidad de la provincia amazónica de Napo.
Katy Machoa, moradora de Archidona y parte de los gestores del paro, señala que la postura del Gobierno ha sido “que la cárcel va porque va”. Ante esto, la protesta seguirá con el cierre de vías. “Ahora nadie entra ni sale de Archidona, salvo en casos excepcionales”.
Machoa detalla que ya presentaron una acción de protección “como acción inmediata” y que la Corte Constitucional (CC) la tratará el 18 de diciembre de 2024. No se descarta que una comitiva de Archidona se traslade a Quito para dar seguimiento al pronunciamiento de la CC.
Pero, ¿hay beneficios reales por tener una cárcel en una población como la de Archidona?
Para Lautaro Ojeda, investigador y analista de seguridad pública, la construcción de una cárcel impacta en la inversión del Gobierno en dicha población, ya que se asignarán más recursos a la creación de servicios básicos (alcantarillado, agua potable).
Por otro lado, Ojeda considera que un centro penitenciario abre plazas de empleo para la gente de la zona. También aumenta el consumo de productos locales.
Archidona teme por la seguridad y el turismo
Machoa señala que no tienen información sobre la obra, pues el Gobierno ha detallado que el proceso de contratación y construcción es reservado.
La principal preocupación de los moradores es que haya un aumento de la inseguridad, pues la cárcel de Archidona – al igual que la que ya se construye en Santa Elena– es concebida como de máxima seguridad, donde se trasladará a presos de alta peligrosidad.
Ojeda agrega que no hubo un despunte de criminalidad en Cotopaxi cuando se construyó la cárcel en esa localidad.
Otra de las preocupaciones es que el valor de los terrenos se deprecia, especialmente cerca de un centro penitenciario.
El rechazo – señalan las autoridades de la provincia, como Amanda Grefa, alcaldesa de Archidona, es general. De hecho, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) también rechaza la obra.
Un terreno de 25 hectáreas para la construcción de la cárcel en Archidona
En Archidona ya existe una cárcel, con una capacidad menor de 500 presos. El terreno de 25 hectáreas, donde está este centro penitenciario es propiedad del (SNAI) y es ahí donde se espera ampliar la actual cárcel. Sin embargo, está ubicada a menos de 500 metros de una escuela y de casas.
El Gobierno ha señalado que la cárcel costará $52 millones y su construcción fue adjudicada a la empresa de Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L (chino-española). Es la misma a la que se le adjudicó la construcción de la cárcel de Santa Elena. (DLH).
“Tenemos el sostenimiento de la gente y la población de toda la provincia (Napo), para resistir hasta que el Gobierno decline de su pretensión (construir la cárcel)”, Katy Machoa, moradora de Archidona y parte de los gestores del paro.
Fuente: La Hora
