El concejal de Chordeleg, Carlos Armando Orellana, expresó su preocupación por la presunta presencia de minería ilegal en los cantones orientales del Azuay y por los constantes sobrevuelos de un helicóptero que realiza prospecciones mineras en la zona, sin información clara para la ciudadanía.
Durante una entrevista en radio La Voz del Tomebamba, Orellana recordó que entre 2021 y 2022, cuando se desempeñaba como jefe político, se ejecutaron operativos contra minería ilegal en sectores del cantón, con apoyo de la Policía Nacional, que dejaron personas detenidas y equipos destruidos.
El concejal señaló que, tras una fiscalización realizada el 30 de noviembre junto a concejales de Gualaceo y Sígsig en el sector de Curancay, se detectaron indicios de contaminación en las fuentes del río Santa Bárbara, como la presencia de arsénico, cadmio, cobre, aceites, grasas y tensoactivos, sustancias utilizadas como sustitutos del mercurio en la extracción de oro.
Orellana cuestionó los resultados del reciente operativo militar en la zona, donde cerca de 300 efectivos intervinieron, pero solo se reportó una persona detenida y la destrucción de maquinaria, lo que —dijo— genera más dudas que certezas. Anunció que solicitará información oficial al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas como parte de su labor de fiscalización.
Otro de los puntos que preocupa a las comunidades es el sobrevuelo constante de un helicóptero que, según información oficial, realiza mediciones geofísicas. Sin embargo, el concejal advirtió que este tipo de estudios también se utiliza para identificar yacimientos minerales y recordó que el BID otorgó un préstamo de 78,4 millones de dólares al Estado ecuatoriano para fortalecer inversiones en los sectores minero y energético.
El edil aseguró que en Chordeleg no existen concesiones mineras y reiteró el rechazo de las comunidades a cualquier proyecto extractivo. Finalmente, anunció que junto a comuneros y juntas de agua presentará una denuncia ante la Asamblea Nacional y pidió al Gobierno Central declarar al río Santa Bárbara como zona de seguridad nacional.
