Juan Sebastián Roldán, secretario particular del presidente de la República, explicó que el sustento de la denuncia presentada, esta mañana en Fiscalía, son 2.500 fojas en donde consta la documentación y los documentos íntegros presentados por la ONU, luego de la evaluación técnica de la Refinería de Esmeraldas, Refinería del Pacífico, Poliducto Pascuales Cuenca, Terminal Marítimo Monteverde, Planta de gas dd Bajo Alto.
«Son 2.500 millones de dólares tirados a la basura por la corrupción del gobierno anterior. No es que se le roba al gobierno, sino a todos los ecuatorianos, sobre todo a los más pobres», dijo Roldán.
EL DATO
Ayer, en un mensaje a la nación, LenÍn Moreno se refirió a las conclusiones de los informes internacionales como vergonzosas y escandalosas.
Las irregularidades encontradas, con apoyo de la ONU, no solo involucran sobreprecios que en la mayoría de los casos superan el doble o el triple del presupuesto inicial, sino también fallas estructurales y otros problemas.
Por eso, según Roldán, las denuncias incluyen el listado de los funcionarios de gobierno, las empresas fiscalizadoras y constructoras involucradas en cada uno de los proyectos.
«Pedimos a la Fiscalía agilitar los procesos. La ciudadanía clama que los responsables de la corrupción no sigan caminando alegremente por la calle», aseveró Roldán.
Asimismo anunció que el lunes próximo, Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, y Pablo Flores, gerente de Petroecuador (quienes acompañaron la diligencia de presentación de la denuncia), realizarán una rueda de prensa en donde se darán mayores detalles sobre los hallazgos de la ONU y el estado calamitoso de varios de los proyectos.
EL DATO
El gobierno ha presentado 500 denuncias, de donde se derivan 317 ex funcionarios de la década correísta con indicios de responsabilidad penal.
Por ejemplo anotó que el Poliducto Pascuales Cuenca tiene graves problemas estructurales y de hundimiento, a pesar de que la empresa fiscalizadora no reportó nada, y el contrato de servicios sufrió un aumento injustificado de 20 a 27 millones de dólares.
Finalmente, Roldán recalcó que estas acciones no se deben a una disputa política, sino a un deber del gobierno. «Nos corresponde seguir planteando denuncias y exigir que no haya impunidad». (JS)
Fuente: La Hora
