Desde el 12 de marzo pasado, el expresidente Rafael Correa; el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera; el exsecretario de Comuinicación, Vinicio Alvarado, y 21 personas más son investigadas por la Fiscalía General por una serie de supuestas irregularidades ocurridas en la concesión del Puerto de Aguas Profundas de Posorja, en la provincia del Guayas, a la empresa DP World (DPW).
La investigación en manos de la fiscal general (e) Ruth Palacios parte de la denuncia que presentó el 26 de febrero pasado Carlos Figueroa, quien es scandidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La acción, explicó el denunciante, busca que se investigue a los funcionarios públicos de diferente rango, empleados privados y empresas públicas y privadas que participaron en las negociaciones con DPW para la entrega de la concesión.
En el impulso fiscal con el que arranca la fase preprocesal se notifica como personas investigadas a Correa, Mera, Alvarado y a los también exfuncionarios públicos: Paola Carvajal, Vicente Peralta, Miguel Paredes, Walter Solis, Tania Castro, Boris Palacios, Francisco Donoso, Santiago León y Patricio Rivera.
Juan Carlos Tarré, Xavier Vera, Lucía León, Juan Marchán, Víctor Villalba, Juan Jairala, Roberto Dunn, Hugo Lituma, Mery Fierro, Michael Andrew Bentley, María Noboa y Adolfo Salcedo completan la lista de 24 personas señaladas con que arranca la investigación Fiscalía.
Fiscalía pide información a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de los funcionarios públicos que participaron en las negociaciones; a la Autoridad Portuaria le solicita datos sobre la primera propuesta de iniciativa privada presentada por DPW Invesments en relación a la construcción, operación, mantenimiento y provisión de servicios del Puerto de Posorja, entre otras informaciones.
El Ministerio de Transporte y la Contraloría son las instancias públicas a las que también la Fiscalía solicita información relacionada a las negociaciones para la concesión del Puerto de Posorja. Figueroa aseguró que un día después de su denuncia pidió oficialmente a la Contraloría inicie un examen especial de la contratación de esta obra.
Luis Fernández, abogado del denunciante, explica que en este caso hay una multiplicidad de delitos que deben ser investigados por la Fiscalía: peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, traición a la patria, etcétera. Él dice tener claro que en esta concurrencia de delitos están involucradas las más altas autoridades del país.
Sobre la investigación, el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, cree que la investigación debe ir desde el entonces presidente Rafael Correa, porque nada en su Gobierno se movía sin el permiso previo de la Presidencia de la República.
El 21 de marzo próximo, Figueroa fue llamado por la Fiscalía a rendir versión en este caso.
Este Diario buscó una versión de DP World pero no obtuvo respuerta. (I)
