“Un año después, la memoria de Paúl, Efraín y Javier, sigue latente, sus familias, sus amigos, la sociedad no se cansa de recordarlos. Pero no solamente a ellos, sino a las 10 personas que fallecieron y que fueron ejecutadas en la zona de frontera”, dijo.
“Ha sido un año en el que la impunidad se ha hecho presente, en el que las respuestas han venido, exclusivamente, desde el periodismo”, lamentó Aguagallo. A su criterio, este tiempo ha reflejado la “incompetencia y poca voluntad” de investigar que han tenido las Fiscalías de Ecuador y Colombia. Así como, de las autoridades nacionales, solo se ha recibido silencios.
Para Galo Ortega, en cambio, el tiempo transcurrido no ha quitado el dolor de perder a Javier. Entre lágrimas, recordó la presencia de su hijo y reiteró su sentimiento de ira e impotencia por la falta de respuestas de las autoridades. “No hicieron nada, incluido el Presidente (Lenín Moreno), porque dependía de él que nuestros seres queridos vengan sanos y salvos”.
“Cuando me dijeron, desde el ECU-911, que esto era un secuestro, me confié y pensé que era un secuestro político, no común, porque me hubiesen pedido una parte de dinero, pero no fue así. Me confié y pensé que el Gobierno sí nos iba a respaldar y harían las negociaciones convenientes para que ellos vuelvan”, relató. Para el padre de Javier, el Presidente Moreno, siendo la primera autoridad del país, debía “mover todo lo que podía” para traer a su hijo, a Paúl y Efraín, con vida al Ecuador.
Yadira Aguagallo coincidió con Gal Ortega, pero remarcó que otro de sus pedidos ha sido la investigación del caso y la determinación de responsabilidades, así sea para descartarlas. “Si lo llegaran a hacer, no solo los familiares, sino que el pueblo ecuatoriano tendría, al menos, un poco más de tranquilidad porque se sabría que se hizo una indagación”.
“Sin embargo, lo más terrible es que ambas Fiscalías no han querido tocar otras líneas de investigación que tengan que ver con el establecimiento de responsabilidades a nivel estatal. Eso nos parece extremadamente grave porque sí hay indicios de esta responsabilidad. Ha sido un año en el que 10 personas han muerto en la frontera, a manos del Frente Oliver Sinisterra y lo único que tenemos son unos cuantos detenidos”, cuestionó.
Para la pareja de Paúl Rivas, es increíble que no se investigue, por ejemplo, al Comité de Crisis, desde donde salió la ratificación de las autoridades de que harían todo lo posible por traer al equipo de diario El Comercio, con vida. “Después de múltiples indagaciones periodísticas sabemos que no hicieron nada”.
“No hicieron nada y no hacen nada. El 26 de marzo, hace un año, en las instalaciones del ECU-911, quienes conformaban ese Comité de Crisis nos dijeron: que no sabían quién los tenía retenidos, que no se sabía qué se pedía por ellos y que no se podía establecer un lugar en el que ellos se encontraran. Un año después sabemos que, desde el primer día, conocían que alias Guacho los tenía como rehenes”, contó.
Pero además, sabían que lo que se pedía era el intercambio de tres de sus hombres que estaban prisioneros en Ecuador. Según Aguagallo, el Estado tenía conocimiento de esto desde el mes de enero, cuando Guacho y sus lugartenientes conversan con un mando de la Policía Nacional. Asimismo, sabían que las condiciones de ese secuestro no eran comunes. “Eso, nos tuvimos que enterar en el transcurso de año, las autoridades nunca nos dijeron que era así”.
“Sabemos, porque hay evidencia suficiente, que ese intercambio de prisioneros se podía haber realizado en las primeras 48 horas porque ya había un proceso abreviado, adelantado, solicitado por los mismos abogados de estas tres personas. Pero lo que nos dijeron en el ECU-911 era que los tres canjeables no tenían defensa, ni inicio de un proceso judicial y que, por lo tanto, había que empezar desde 0”, comentó.
Para Galo Ortega, al momento de recibir una medalla al valor, otorgada por el Municipio de Quito, el Presidente Moreno “no tuvo el valor” de mirarlos a la cara. “Nos dio la mano sin mirarnos y eso evidencia su culpabilidad. Al principio nos dijo que toda la ayuda que necesitáramos, él nos la iba a dar, pero a través del tiempo, nada ha sido posible”.
“Nosotros hemos pedido información de Fiscalía y, lamentablemente, durante 6 meses del 2018, nos la han negado. Siempre se han respaldado en algo para no dar los datos. Para mí fue muy duro el mes de diciembre porque yo no me fui a Washington y ahí apareció un señor Íñigo Salvador, procurador general del Estado, y pidió que se archive el caso (ante la CIDH)”, lamentó.
Yadira Aguagallo, en este contexto, recordó que en los días del secuestro, alrededor del 5 o 6 de abril del 2018, Galo Ortega estaba preparando una huelga de hambre, mientras los otros familiares se alistaban para viajar a San Lorenzo y recabar pistas sobre el paradero de Javier, Efraín y Paúl. Esta situación fue conocida por los asesores presidenciales y se dio luego de que no pudo concretarse una cita con el Jefe de Estado.
“Tuvimos que decirles a las autoridades que nosotros íbamos a empezar a encontrar las formas de realizar esta negociación y nos vamos a ir a San Lorenzo y Mataje a buscarlos por nuestra cuenta, para que nos dieran una cita con el Presidente Moreno, que ocurrió el 9 de abril. Me parece increíble que esa haya sido la circunstancia en la que el Primer Mandatario recibió a tres familias que estaban atravesando un secuestro de este tipo”, mencionó.
Desde el 26 de marzo hasta el 9 de abril del 2018, dijo Aguagallo, las formas de comunicación con las autoridades del Gobierno Nacional fueron nulas. “Ahora dicen que hubo, más o menos, nueve comités de crisis. Nosotros fuimos invitados a tres o cuatro de esos. Se decía que tenían contacto directo con nosotros, línea abierta y es increíble cómo tenemos que recordar que, día tras día de esos 19 días, teníamos que llamar y suplicarle al Ministro César Navas, que nos contestara”.
Relató además, que desde que ocurrió el atentado en San Lorenzo, a finales del enero del 2018, se volvió como un fenómeno de la prensa el ir a cubrir la situación, por lo que no sol diario El Comercio dispuso a un equipo, sino varios medios de comunicación, con una lógica de relevos. Es decir, el grupo trabajaba una semana, regresaba a Quito y salía otro.
“Para todos en San Lorenzo, ahora se conoce, que ese era el territorio de alias Guacho. Lo que sí sostenemos es que, lamentablemente, los equipos periodísticos trabajaban a ciegas en una zona de alta peligrosidad y tenía que ver con que no existía información suficiente por parte del mando único de las FF.AA. y la Policía Nacional, que se encontraban en dicho territorio y que tenían la obligación de decir lo que estaba pasando”, añadió.
La pareja sentimental de Paúl Rivas acotó también, que los chalecos antibalas, que se encontraron en el vehículo en el que se transportaban los periodistas, fueron proporcionados por diario El Comercio, como una medida de seguridad después de que el equipo que estuvo antes de ellos contó lo que ocurría y lo complicada que era la situación.
De la misma manera, Aguagallo indicó que tras la noticia publicada en Diario El Tiempo de Colombia sobre la supuesta liberación del grupo periodístico de Diario El Comercio, el 28 de marzo del 2018, sus familiares tuvieron un encontrón emocional muy fuerte; ya que la información fue negada por las autoridades a cargo del caso en Ecuador: “Fue para nosotros extremadamente difícil enfrentarnos a esa noticia, las autoridades no nos contestaban los teléfonos y nos enteramos de la liberación. Una vez que nos contestaron el teléfono dijeron que no sabían nada y luego dijeron que era una noticia falsa”.
Ante esto, la comunicadora informó que han existido pistas para aseverar que el 28 de marzo del año anterior si se produjo la liberación de los periodistas, pero algo o alguien lo truncó, incluso, esa versión fue corroborada por varios exministros: “El exministro Navas revela que existía una liberación en curso y confirmó que se preparaba un operativo de recibimiento, se envió un fiscal y uno de los detenidos en Bogotá también confirmó que ‘Guacho’ los iba a liberar”.
Por su parte, Galo Ortega manifestó que existen muchas autoridades de ambos países involucradas para que no se conozca la verdad del asesinato de los periodistas de Diario El Comercio y esto ha ocasionado un daño muy fuerte a las familias: “Psicológicamente esto ha sido paliza tras paliza, pero tenemos la esperanza de conocer la verdad de lo sucedido en la frontera norte”.
Además, recalcó que no buscan una reparación económica por parte del Estado, sino que buscan conocer a los responsables por la muerte de su hijo, por lo que no descartan iniciar un juicio contra el Presidente Moreno: ”Nosotros no estamos interesados en lo económico sino que queremos justicia porque las autoridades no hicieron nada y sigo indignado”.
Para concluir su intervención Yadira Aguagallo indicó que los familiares continúan indignados porque como víctimas han sido quienes han tenido que llevar la investigación sobre sus hombros, asimismo, manifestó que las autoridades no han tomado en cuenta nuevos aportes y que solo los buscan cuando existen nuevas revelaciones periodísticas: “Hemos tenido que llevar sobre nuestros hombros el peso de la investigación, solicitamos que se incluya evidencia testimonial y documental, hemos expuesto varios elementos para configurar nuevas investigaciones y es terrible que las víctimas lleven en sus espaldas esta investigación. La impunidad nos golpea todos los días y para las autoridades esto parece una burla. Ha existido una falta de humanidad, una verdad oculta y lo que más duele es que no hayan podido decirnos den la cara lo que estaba pasando”.
(PF) – (JPM)
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