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Ambos denuncian que la resolución aprobada en el Parlamento, en la que rechaza la acción de protección aceptada a trámite para que 153 funcionarios sean investigados, denota que “confunde sus funciones de legislar y fiscalizar, con la de juzgar”.
De acuerdo al documento presentado, aseguran que esta resolución constituye “un franco atentado” contra la independencia judicial externa, violación flagrante de este principio que conlleva responsabilidades porque constituye “un atentado contra el Estado Constitucional”, la división de funciones y el sistema de pesos y contrapesos.
“Es tan grave que el ataque recibido por la Jueza Constitucional de Primera Instancia que conoce el caso, Dra. Jesús Raquel Herrera Obando ha sido expuesta públicamente y amedrentada, con lo que la garantía y derecho constitucional a la tutela judicial efectiva ha sido anulado. La presión que se realiza a una Jueza de la República para tratar de influir en su decisión constituye un claro exabrupto y exceso de poder de la Función Legislativa”, añaden.
Relatan además, que la magistrada, incluso en el debate, fue amenazada en la intervención de los legisladores, con ser destituida, apenas por aceptar a trámite una acción constitucional e intentar desarrollar esta garantía, respetando el debido proceso, lo que “mina su imparcialidad y objetividad, volviendo la separación de poderes, una separación de papel y dejándonos en indefensión, al volver ineficaz de antemano la Acción de Protección planteada”.
“De antemano señalamos que ya no confiamos en la fiabilidad del resultado que, en derecho, debe darse en la Acción de Protección que contra la política pública de NO INVESTIGACIÓN e IMPUNIDAD hemos propuesto en contra de los demandados”, acotan.
(JPM)
