“La Fiscalía debe haber motivado de manera suficiente, ante un juez, para pedirle este allanamiento”. Con esas palabras, la ministra del Interior, María Paula Romo, argumentó este lunes 6 de mayo del 2019 que la Policía de Ecuador recibió órdenes de jueces, para participar en siete allanamientos, la madrugada del domingo 5 de mayo, dentro de la investigación por presuntos aportes ilegales, entre 2013 y 2014, a la campaña del movimiento político del entonces presidente Rafael Correa.
“Uno de los lugares allanados fue un estudio jurídico en Guayaquil, del que entiendo sería socio Alexis Mera, exsecretario Jurídico de la Presidencia”, reveló este lunes la Ministra. “En términos generales, cuando se hace un allanamiento, lo que se procura es encontrar indicios, elementos, para poder probar una sospecha, para poder probar un caso que se está investigando o para impedir que estos indicios o que estos documentos desaparezcan”, agregó.
Mera fue uno de los colaboradores de confianza de Correa y preservó su cargo durante todo el período presidencial (2007-2017), como responsable de la reestructuración legal del Estado impulsada por la llamada ‘revolución ciudadana’. Por ejemplo, en ese lapso, desapareció la Corte Suprema de Justicia integrada por magistrados designados bajo concurso público con supervisión de la ONU.
“Nosotros (la Policía, como dependencia del Ministerio) recibimos la orden de juez”, enfatizó Romo, entrevistada telefónicamente por Radio Centro este lunes. “También en este fin de semana se pidió una diligencia a los servidores de los correos electrónicos de la Presidencia de la República”, reveló la Ministra.
La ministra María Paula Romo señaló que uno de los lugares allanados fue un estudio jurídico en Guayaquil, del que sería socio Alexis Mera, exsecretario Jurídico de la Presidencia. Foto: Archico / EL COMERCIO
“En esta misma investigación habría que identificar un correo o varios correos intercambiados por funcionarios del Gobierno anterior. Pero que en teoría estarían en esos servidores. Hay una orden para eso y estamos prestando todas las facilidades”, agregó la funcionaria.
La investigación penal por los posibles aportes ilegales a la campaña del correísmo fue hecha pública el sábado 4 de mayo del 2019, debido a “la presunta existencia de una estructura conformada por funcionarios públicos y personas jurídicas privadas, quienes habrían mantenido relaciones contractuales con el Estado”, dijo la Fiscalía General del Estado.
La fiscal general, Diana Salazar, sigue la pista de presuntos aportes ilegales de empresas como Odebrecht efectuados entre el 2013 y el 2014 a la campaña del correísmo. Dentro de esa investigación, la madrugada del sábado fue detenida en un aeropuerto Pamela M., exvicepresidenta de la Corte Constitucional.
“En este fin de semana se recibieron órdenes de jueces para allanamientos, para detenciones, para llevar a exfuncionarios a órdenes de la autoridad y así se procedió”, señaló Romo. El domingo, dos casas y dos empresas fueron allanadas en Quito, y una casa, una empresa y un estudio jurídico en Guayaquil. También se realizaron dos detenciones.
La tarde del domingo 5 de mayo, la Justicia oficializó el inicio de una instrucción fiscal contra Pamela M. y Laura T., también detenida por el llamado caso ‘Arroz verde’, y dispuso la prisión preventiva por 90 días de las dos exfuncionarias.
Las dos fueron asesoras de la Presidencia de la República en el régimen de Correa. Antes de ser nombrada jueza de la Corte en el 2015, Pamela M. trabajó como asesora 1 del “despacho presidencial” por un salario de USD 5 009 mensuales. Laura T., según el histórico de la nómina oficial de Carondelet, fue asesora 5 y 4 de la “Subsecretaría general del despacho presidencial”, también en los años de la llamada ‘revolución ciudadana, con un sueldo que llegó a superar los USD 2 700.
Según la investigación, Pamela M. y Laura T. conocerían de la existencia de un correo electrónico con un informe adjunto etiquetado como receta ‘Arroz verde’, referente a posibles aportes para el correísmo hechos por empresas para recibir contratos del Estado.
