Cuesta aseguró que la concesión no significa privatización, algo que está prohibido por la Constitución ecuatoriana. Esta operación consiste en trasladar el manejo administrativo a un agente privado, por un tiempo máximo de hasta 30 años, explicó Cuesta. Para el Consejero esto es necesario ya que la empresa se estaría encaminando a na situación económica compleja.
Estas declaraciones a pesar que el representante de Trabajadores de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Julio Aguirre, aseguró que el Gobierno quiere concesionar a una de las empresas que generan ganancias al país. «La empresa tiene un crecimiento del 5% anual y tiene ingresos por cerca de USD$ 1000 millones».
Las hidroeléctricas Sopladora y Coca Codo Sinclair, el Banco del Pacífico, la Refinería de Esmeraldas, y 20 empresas distribuidoras eléctricas son los primeros activos que el Estado pretende concesionar, comentó Cuesta. Por otro lado, aseguró que no se concesionará la Refinería de Esmeraldas. (BGV)
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