Si el elector está de acuerdo en eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y que sus facultades de designación de autoridades pasen a la Función Legislativa, a través de un sistema bicameral, es una de las dos preguntas que este 24 de julio presentó el Comité por la Institucionalización Democrática ante la Corte Constitucional (CC) para que califique su constitucionalidad.
Acompañados por un grupo de simpatizantes, tres miembros del Comité, Pablo Dávila, José Ayala Lasso y Hernán Pérez Loose, se citaron este miércoles en las afueras de la CC para presentar su iniciativa de reforma constitucional de dos preguntas.
La primera dice: «Con la finalidad de fortalecer la independencia y el control de las Funciones del Estado, ¿está usted de acuerdo con eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que se transfieran las facultades de designación de autoridades a la Función Legislativa, organizándose esta a través de un sistema bicameral?».
Y la segunda es: con la finalidad de fortalecer la fiscalización, ¿está usted de acuerdo con que se reforme la Constitución para que la Fiscalía General sea independiente frente a la Función Judicial?
Pérez Loose aclaró que la CC deberá definir cuál es el camino que debe seguir su propuesta, aunque consideran que será el de recoger firmas para reunir al menos 200.000 de ellas; luego deberá el texto pasar a la Asamblea Nacional, y aprobarse en un referéndum.
Su aspiración es duplicar el número de rúbricas en un tiempo promedio de tres meses. «Pero a mediados del próximo año, podríamos tener un referéndum», comentó el jurista.
Acotó que esta es «una reforma parcial» y «que es viable» la creación de esta cámara bicameral, que implica una «reestructuración del órgano legislativo».
Pablo Dávila, vocal del extinto Consejo de Participación Transitorio y quien lidera este comité, que fue creado por el fallecido jurista Julio César Trujillo -presidente del Consejo Transitorio-, dijo que han venido trabajado «intensamente» en la propuesta, con el objetivo de «¡ir por las urnas para votar de una vez por todas por la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana!».
Analizó la situación actual por la que atraviesa el CPCCS presidido por José Tuárez y consideró que «todo lo que estamos viendo en el funcionamiento y actuar de los actuales funcionarios, ratifica con claridad que el Consejo es un órgano extremadamente peligroso para los efectos de defender la democracia».
Dávila explicó que de eliminarse el CPCCS sus funciones de designación de autoridades pasarán a la Asamblea Nacional, pero esperan que «las cosas no se hagan como en el pasado».
«Buscaremos reforzar los mecanismos de méritos en la Asamblea, las veedurías ciudadanas e impugnación ciudadana. En la designación de autoridades será la Cámara de Senadores la que independientemente de todos los procesos de influencia política propios de los concursos, pueda hacer la designación final», comentó. (I)
