Sentenciados por el caso 30S y los integrantes de la Mesa por la Verdad y la Justicia fueron a la Fiscalía a pedir que se investiguen las revelaciones de los correos de Pamela Martínez —exasesora de Rafael Correa— y su exasistente Laura Terán. Ambas son investigadas por presunto cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita en concurrencia real de infracciones en el caso ‘Sobornos 2012-2016’.
En unas 12.000 comunicaciones se revela la supuesta injerencia del expresidente en casos como los que se derivaron de la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010. Uno de ellos fue Paúl Jácome, conocido como el caso de los 3 de Cotopaxi. Jácome dijo que las revelaciones de los correos de Terán y Martínez dan la razón a la Mesa de que en el correísmo existía seguimiento a los perseguidos políticos y que la justicia “fue apéndice del régimen correísta”.
Jácome considera que se debe investigar un supuesto fraude procesal en alrededor de 300 casos de los cuales más de una veintena derivados del 30S fueron vigilados por asesores instalados en supuestas oficinas paralelas. Jácome pidió que la Fiscalía entregue copias de los correos para iniciar acciones, determinar comportamiento de los jueces y fiscales y pedir que la Judicatura inicie de oficio acción disciplinaria. Los señalados por la Mesa de la Verdad fueron al menos 500 jueces, 14 de los cuales están en la Corte Nacional de Justicia. “Correa utilizó a la justicia para perseguir opositores”, puntualizó Jácome.
A la Fiscalía también acudió el coronel Rolando Tapia, exjefe de la Escolta Legislativa por respaldar la protesta de sus subalternos. Él recordó que en su momento ya hubo declaraciones del excontralor prófugo Carlos Pólit que ya dijo que “el 30S fue una farsa”. Además añadió que existe un informe borrador de la Contraloría que señala que se destinó 1.6 millones para posicionar la teoría del gobierno de Correa sobre el supuesto intento de golpe de Estado. Tapia insiste en que debe haber reparación moral e integral en los casos 30S. Indica que hubo mucha gente procesada ilegalmente. Recordó que la consecuencia de la intervención de Correa en el Regimiento Quito cuando se desarrollaba la protesta policial fueron cinco muertos, 264 heridos, 1.550 procesados, 110 sentenciados, 1.200 bajas voluntarias y forzadas de policías, 14.000 uniformados procesados y en total 17.129 encausados administrativamente e injustamente. Hizo un llamado a todos a unirse en acciones para exigir que se esclarezca lo ocurrido.
El asambleísta y también procesado César Carrión solicitó a la Fiscalía que se investiguen todos los procesos “manipulados por el 30S”. Requirió que la Fiscalía indague las nuevas revelaciones de Arroz Verde y la existencia de oficinas paralelas para interferir en la justicia, “se atropellaron los derechos posicionando una tesis de lo que no hubo, se forjaron vídeos y fotos de lo que no existió”.
Adicionalmente, cree que el actual gobierno debe hacer un reconocimiento público de que existió injerencia del gobierno anterior para manipular los procesos. Manifestó que “a muchos policías se les acabó la carrera, muchos fueron dados de baja y eso debe ser reparado reivindicarse sus derechos”.
Fuente: Expreso
