Luego de haber analizado los elementos presentados por la Fiscalía General del Estado, la Jueza decidió llamar a juicio a seis personas, entre ellas a Carlos P. Y., procesadas por su presunta participación en el delito de tráfico de influencias, debido a la irregular adjudicación de contratos en Petroecuador.
Además, en la primera parte de la audiencia, se cumplió con un procedimiento abreviado, que resultó en la sentencia de Diego T. a veinte meses de prisión y al pago de una reparación integral al Estado de 1’647.684 dólares. A esa sentencia se suma el pago de una multa de ocho salarios básicos unificados. Como reparación inmaterial, el ciudadano ofreció disculpas públicas a la Estatal petrolera y al Estado ecuatoriano, y se comprometió a no repetir actos delictivos que afecten a la sociedad.
La resolución se tomó luego de que se demostrara que Diego T., en uno de los contratos analizados, fue quien hizo el requerimiento y luego firmó su adjudicación. Este proceso contractual incumplió la normativa del Sistema de Contratación Pública, pues los nuevos servicios no fueron a causa de imprevistos en la contratación principal. Por esta razón, lo que correspondía era un nuevo proceso contractual.
A esto se suma que el complementario fue firmado después de concluido el contrato inicial, lo cual también está en contra de la ley. Se añade que se lo efectuó a través de contratación directa, por régimen especial por giro específico de negocio, habiendo invitado a una sola empresa sin que exista documentación que acredite su experiencia. Esto tampoco permitió contar con otras ofertas económicas para analizar la más conveniente a los intereses de la empresa.
Con respecto a los ciudadanos llamados a juicio, la jueza Ana Lucía Cevallos, además, dispuso que se mantengan las medidas cautelares en contra de todos, es decir, la prohibición de salida del país y la presentación semanal en la Fiscalía para Diego R., Samuel V., Carlos Q., Marcelo C., Frankie S. y Marcelo C.
Mientras que, contra Carlos P. Y., la Magistrada ratificó la prisión preventiva.
También se ratificó la prohibición de enajenar bienes hasta por 12 salarios básicos unificados (USD 4.728), con el fin de garantizar una posible multa.
Les hechos investigados por Fiscalía parten de un informe con Indicios de Responsabilidad Penal del examen efectuado a los contratos firmados entre Petroecuador y la empresa Legadoil (específicamente: 2014-030, 2015-009 y 2015-192).
Dichos convenios habrían incumplido con la normativa vigente, sobre todo en relación a la forma de adjudicación, pues fueron hechos a través de una carta de intención, figura que no se encuentra contemplada en la ley.
Asimismo, los complementarios se firmaron cuando los contratos principales ya habían concluido.
También, la investigación determina que bajo la responsabilidad de los procesados se suscribieron contratos complementarios en los cuales se incluyeron nuevos trabajos que no estuvieron relacionados con el contrato principal y que no responden a imprevistos.
Este es un nuevo proceso penal en el que está involucrado Carlos P. Y., y que podría sumarse a otras cuatro sentencias por peculado, cohecho, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
La Fiscalía investiga este caso con base en lo dispuesto en el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal, que sanciona el tráfico de influencias con pena privativa de libertad de tres a cinco años para los servidores públicos y a las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado (enumeradas en la Constitución de la República), prevaliéndose de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica, y ejerzan influencia en otro servidor para obtener un acto o resolución favorable a sus intereses o de terceros.
Fuente: La Hora
