El Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, aseguró a EL COMERCIO que son 10 los fallecidos en el marco de la jornada de protestas registradas del 3 al 13 de octubre de 2019 y que se llevaron a cabo en rechazo al Decreto 883, que eliminaba los subsidios a los combustibles.
Así lo aseguró en una entrevista concedida a este Diario este miércoles 23 de octubre de 2019. «El número de personas que han fallecido en las protestas sociales aumentó a 10», aseguró Carrión. «Tenemos el reporte de dos personas más (de las ocho que se habían informado en inicio)».
Entre las nuevas víctimas se encuentran «un adolescente de 15 años», Angulo Bone, que falleció en Durán, y «la persona que cae fruto de una bala de goma en Quito». De esta segunda persona, existe el video del impacto de un perdigón en su rostro. Su nombre es Edwin Bolaños.
«Falleció en el Hospital Pablo Arturo Suárez. Aparentemente es el impacto de una bala de goma. Se desploma y es trasladado a la Cruz Roja y de ahí al hospital. Falleció el 18 de octubre (del 2019). Él ya se encontraba en el hospital, en terapia intensiva, y nos han indicado que ha fallecido».
Entre el resto de víctimas mortales, se encuentran Raúl Chilpe, quien fue atropellado en Molleturo, Azuay. «Un vehículo privado se le fue encima», dijo Carrión. También están Marco Oto y José Chaluisa, «los dos jóvenes que cayeron del puente de San Roque.
De acuerdo a las imágenes, se ve que hay dos motocicletas de la Policía Nacional que los acorralan. Sin embargo, a raíz de los videos que fueron difundidos a través de redes sociales, «no se puede llegar a determinar si caen a consecuencia de esto». También falleció Inocencio Tucumbi, dirigente indígena.
«Reporta un golpe cráneo-encefálico. En estos momentos no se va a poder determinar si es por una caída o por la fuerza pública. Eso será parte del trabajo que tendrán que hacer las comisiones especiales que se van a crear», comentó. También falleció a raíz del impacto de un proyectil es Edison Mosquera.
Otros de los fallecidos son José Rodrigo Chaluisa, Silvia Mera y Abelardo Vega. En cuanto a los heridos registrados durante las jornadas, el Defensor del Pueblo aseguró que «tenemos el reporte del Ministerio de Salud que dice que hay 1 340 personas que recibieron atención médica, sin especificar la condición».
Algunas de estas personas tienen lesiones permanentes. «Hay ocho personas que han perdido un ojo. Hay una persona que está próxima a perder ambos». De acuerdo al reporte médico, estas personas recibieron el golpe de un objeto contundente, aunque la Defensoría del Pueblo todavía no ha logrado determinar qué tipo de armamento de la fuerza pública ocasionó estas heridas.
A pesar de haber recibido este informe, puntualiza Carrión, el reporte de la cartera de Salud «no recopila los albergues ubicados en El Arbolito y las universidades, donde también se dieron atenciones. Hay que hablar con los albergues y los rectores de las universidades para constatar cuántas personas fueron atendidas y correlacionarlas con las cifras de los hospitales públicos».
El Defensor del Pueblo enfatizó que «dentro de las personas que habíamos reportado no se encuentran personal de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas». Uno de ellos también perdió un ojo. «El informe de la Comisión va a recopilar también estos datos. De la misma manera que la Defensoría anunció que hubo abusos por parte de la fuerza pública, también hubo gente que se comportó de manera completamente delictiva». Sin embargo, Carrión enfatizó que «cuando hablamos de violaciones a los derechos humanos, hablamos de cuando el estado vulnera los derechos de la ciudadanía. El límite del poder estatal son los derechos humanos».
Por otro lado, «cuando hablamos de personas particulares que pueden haber cometido vandalismo, saqueos o daños a la propiedad pública o privada, esos son delitos. Esas son conductas donde la Fiscalía ha iniciado investigaciones. No entran en la órbita de los derechos humanos».
«1340 personas fueron atendidas por actos violentos durante #ParoNacionalEc. Hay que investigar casos específicos de personas heridas, trabajo que realizará Comisión de Justicia y Reparación de víctimas creado por la DPE», señaló el Dr. Carrión.
«Nos ofrecimos como intermediarios cuando sucedió. Personalmente acudí al Ágora para una mediación pacífica. Las situaciones de retención de miembros de la fuerza pública desnaturalizan la protesta social. La intervención de la Defensoría tuvo un efecto inmediato, a tal punto que en horas de la noche se entregó a los efectivos. Pudimos evitar que hubiera una incursión policial en el Ágora.
Eso hubiera generado mayor violencia». También se refirió a un hecho parecido ocurrido en Calderón. «Los comuneros habían retenido a algunos policías. La Policía intervino para poder rescatarlos. Había una amenaza directa de que los iban a linchar. Pudieron ser rescatados.
Intervenimos a través de la iglesia para que se pueda mediar y lograr una liberación». Carrión también hizo mención al lanzamiento de gases lacrimógenos en dos campus universitarios, uno en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y otro en la Universidad Politécnica Salesiana.
«El lugar donde prácticamente se concentró el movimiento era la Casa de la Cultura. Los dos albergues se encuentran en el mismo lugar. La represión de la fuerza pública dispersaba a los manifestantes de la 12 de Octubre.
Se registraron enfrentamientos en esa zona. Muchos de esos gases fueron lanzados a los campus universitarios, a tal punto que la Ministra de Gobierno reconoció que hubo un exceso de la fuerza pública. La reacción de la Policía debía ser limitada y reducida en la zona», sentenció.
Por otra parte, aseguró que al momento no existen denuncias de personas desaparecidas. «Sí tuvimos denuncias de personas extraviadas. Había muchos niños y niñas que, cuando lanzaron gases, se dispersaron. Había incluso una niña que hallamos que estaba siendo llevada a un hotel por un señor», denunció.
Uno de los trabajos de la Comisión creada por la Defensoría del Pueblo para establecer lo que ocurrió en estas jornadas «va a ser receptar denuncias a efectos de establecer si efectivamente hay desaparecidos, pero actualmente la Defensoría no las registra». EL COMERCIO preguntó a Carrión si tiene información sobre el tipo de armamento que utilizó la fuerza pública para la dispersión de manifestantes.
«No entramos a analizar cuál es el tipo de armas. Cuando hay uso de armas y esas armas tienen algún efecto, tenemos que determinarlo». El funcionario resaltó la importancia de los procesos de investigación que se realizan. «Si no hay investigación y determinación de responsabilidades, volveremos a tener contextos de vulneraciones de derechos humanos y eso no se puede permitir».
El pasado martes 22 de octubre de 2019, la comisión especializada enviada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) para investigar los hechos suscitados durante las manifestaciones mantuvo su primera reunión oficial con la Defensoría del Pueblo. «Entregamos la documentación y explicamos cómo la recopilamos, para que ellos también puedan reunirse con los distintos actores sociales».
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), también hará una visita in situ «para recabar información y reunirse con los distintos grupos. Así, determinar el contexto de las violaciones de los derechos humanos».
«Fueron momentos duros para el país», reflexionó el Defensor del Pueblo. «Debe ser objetivo del Gobierno, así como de los movimientos sociales, buscar acuerdos. Es importante incluir desde un diálogo inclusivo a todos los actores sociales».
Fuente: Diario EL COMERCIO
