El reducido personal hace lo que puede. Agentes de la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Zona 8, que abarca Guayaquil, Durán y Samborondón, incautaron 22,92 m3 de madera aserrada de la especie samán en el km 24 de la vía a la costa, en Guayaquil. El hecho ocurrió el 27 de junio último en medio de las restricciones de movilización por el COVID-19.
El conductor del camión, que también fue retenido, mostró una guía de movilización sin firma de responsabilidad. La retención muestra que el tráfico ilegal de madera es uno de los delitos contra la naturaleza que no se han frenado por el confinamiento.
La deforestación pudo haber aumentado ante la reducción de los controles forestales sobre todo en las inmediaciones de las áreas protegidas. Es la hipótesis de Xavier Salgado, director de la ONG Medio Ambiente Sustentable de Guayaquil, la que dice se podrá corroborar con un estudio de la pérdida de bosque durante los primeros seis meses de 2020.
El especialista indica que probablemente la madera incautada haya sido extraída de la misma zona donde se decomisó por el tipo de árbol. El área protegida más cercana al sitio es el Bosque Protector Cerro Blanco.
“Los nuevos retos indican que debemos tener un bienestar sustentable… Las empresas no tienen esa corresponsabilidad de manejar un desarrollo sostenible. En Guayaquil se clausuraron ciertas canteras pero aún se sigue talando y erosionando el suelo en vía a la costa”, indica Salgado.
Agrega que es primordial reforzar los controles ya que también existe caza del gato de monte, tigrillo y la guanta en la zona que conecta Cerro Blanco con áreas de Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil.
Una opción resiliente, agrega, en medio de los problemas de financiamiento, es dar certificados de carbono neutro a empresas que cuentan con apoyo económico en el exterior y quieren financiar la conservación en el país.
“Hay que buscar esta ayuda para frenar la explotación del (Parque Nacional) Yasuní y que las áreas protegidas tengan, por ejemplo, más guardaparques. Estas firmas dan un aporte económico para que estas zonas se mantengan a cambio de estos certificados. Costa Rica y Nueva Zelanda ya lo hacen”, indica.
Pese a los controles, la tala ilegal cerca de áreas protegidas continúa en el país. Foto: Cortesía Unidad de Policía Ambiental
En 2018 Ecuador registró 12,5 millones de hectáreas (ha) de bosque nativo, lo que muestra una disminución constante desde la década del 90 cuando había 14,5 millones de ha.
La conservación de los bosques es uno de los problemas más graves para el Estado ecuatoriano, dice Sebastián Valdivieso, director del Programa WCS Ecuador.
Para el experto, la efectividad de la autoridad ambiental es muy relativa y esto se combina con el número de personas que dependen del bosque para subsistir. “Además, somos extractivistas. Talamos bosque para abrir carreteras y dar paso al petróleo y la minería”, dice.
Cuenta que en actividades petroleras la edificación de carreteras facilita la tala ilegal de madera, cacería y tráfico de carne de monte: “Los estudios de impacto ambiental que se preparan para estas actividades no reflejan el impacto gigantesco de las carreteras”.
Afirma que este tipo de delitos continúan por la impunidad que existe. Comenta que el Ministerio del Ambiente realiza controles y decomisos, pero la mayor traba está en la Función Judicial: “Los casos que tienen una sentencia efectiva son solo los más mediáticos”.
Es por esto que la WCS desde 2017 realiza capacitaciones para fortalecer los conocimientos de jueces y fiscales en casos de delitos ambientales. Además, también trabajan en el fortalecimiento de la cadena de custodia de las evidencias.
Fuente: El Universo
