En medio de manifestaciones de protesta, los miembros de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional aprobaron la mañana de este viernes 15 de noviembre de 2019 el informe para segundo debate de la Ley de Crecimiento Económico, esto con el fin de permitir que la normativa se trate en el pleno del Legislativo y no pase de forma directa por el ministerio de la ley, como supuestamente era la intención del oficialismo.
La norma fue aprobada por unanimidad, 13 de 13 votos, pese a que legisladores como Gabriela Larreátegui (SUMA) mostraron su inconformidad pues el informe que se sometió a votación no era el que previamente se había acordado y que recomendaba el archivo de todas las reformas relacionadas con el Código Monetario.
“Nos pasaron el texto que envió el Ejecutivo con algunos cambios, no se incluyó lo que nosotros debatimos y se volvió a incluir el Código Monetario que nunca se trató, pero depusimos nuestra molestia frente a la importancia de que el texto ”, dijo Larreátegui.
Por su parte Daniel Mendoza (Alianza PAIS), quien preside la Comisión de Régimen Económico, no respondió a preguntas sobre los cuestionamientos de sus compañeros de comisión sobre la intención de que la ley no sea debatida en el pleno, sobre los cambios sin conocimiento de todos los comisionados y sobre la decisión de remitir el informe a pocos minutos de iniciada la sesión, lo que no dio tiempo para que los legisladores revisen el documento y tengan que votarlo sin conocer su contenido.
“La Comisión de Régimen Económico ha cumplido con el pueblo ecuatoriano de mejorar, perfeccionar, modificar lo que recibimos por el Ejecutivo”, dijo Mendoza, quien además resaltó que entre los cambios que incluyó la Comisión están reformas al Banco Central, la eliminación de un impuesto a la venta de inmuebles y de un nuevo impuesto al rodaje.
La norma deberá ser debatida en el pleno el próximo domingo.
Son 404 artículos que deberán ser tratados en un día, cuando la Comisión durante tres jornadas apenas revisó 200 artículos.
La aprobación se dio con 13 votos a favor.
Hasta ayer jueves la falta de apoyo de los legisladores para aprobar esta norma era evidente. Por una parte, en el Partido Social Cristiano (PSC) se ratificó el pedido de archivo total de la norma, porque se considera que la carga de impuestos que impone a los ciudadanos agravará aún más la situación económica. Incluso entre los legisladores del bloque oficialista de Alianza País (AP) no existe consenso, ayer César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional, tuvo que salir a pedir públicamente el apoyo a la norma, a la que calificó de positiva en todos los aspectos
Mientras que en el bloque de CREO existe apoyo a ciertas partes de la ley, como el incentivo al emprendimiento y la exención de impuestos al sector productivo, pero tampoco están de acuerdo con la imposición de nuevos aranceles.
Aunque en CREO ven positivo las reformas al Banco Central (BC), para que tenga autonomía del Ejecutivo, este tema sería eliminado, pues según el proyecto de informe para segundo debate, emitido por Daniel Mendoza (AP), presidente de la Comisión de Régimen Económico, se recomienda el archivo de todos los artículos referentes al Código Monetario, lo que significa que los cambios al BC, a la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos no podrían volver a ser propuestos por el presidente Lenín Moreno en un año.
Con esto, Ecuador pasaría a incumplir otro de los requisitos impuestos por el FMI, el primero fue la eliminación de subsidios, tampoco se ha enviado la reforma laboral y no existe garantía de que los cambios tributarios se aprueben.
Mauricio Pozo, quien fue parte del equipo que hace 15 años negoció un acuerdo con este organismo internacional, es optimista pues señala que el banco ha sido muy flexible con el país y se espera que siga en esa actitud.
Con esta visión concuerda el exministro de Economía Carlos de la Torre, quien afirmó que al FMI no le conviene romper el acuerdo con Ecuador porque eso ahondaría el mal prestigio que tiene en el mundo, pero sobre todo en Latinoamérica, donde sus recetas llevaron a la crisis a países como Argentina, pero acepta que lo mejor que le podría pasar al país es que ese convenio se termine.
Fuente: El Mercurio
