La Contraloría General del Estado (CGE) emitió un informe con presuntos indicios de responsabilidad penal que fueron remitidos a la Fiscalía. Es un examen especial al proceso de adquisición de bienes muebles e inmuebles para la cooperativa Coopera en liquidación. Entre el 12 de junio de 2013 y el 31 de mayo pasado la entidad de control analizó la facultad legal para la ejecución de estas adquisiciones.
Según la Contraloría se adquirieron bienes por 10.412.246,07 dólares, de los cuales 4.904.534,25 corresponden a las valoraciones de bienes muebles e inmuebles. La diferencia no justificada es de 5.507.711,82 dólares.
El liquidador de Coopera convocó a dos concursos de precios sin la autorización de la Superintendencia de la Economía Popular e inobservó lo establecido en el Reglamento de la Ley de la Economía Popular.
El Instituto de la Economía Popular participó en los concursos para adquirir los bienes muebles e inmuebles de Coopera sin tener facultad legal para hacerlo, “puesto que esta acción no es parte de las medidas de fomento a la economía popular y solidaria señaladas en la ley”, advierte en el informe, que agrega que la entonces ministra de Inclusión Económica y Social autorizó la compra sin observar disposiciones constitucionales.
Fuente: El Mercurio
