Con las renuncias de Paúl Granda y de Felipe Pezo, como presidente y delegado de los empleadores en el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), habrá una nueva conformación interna.
Granda fue reemplazado por Jorge Wated y César Rodríguez se principalizaría por Pezo en los próximos días.
La Ley de Seguridad Social indica que el Consejo Directivo debe estar integrado por un representante de la función Ejecutiva, quien lo presidirá; otro de los empleadores y otro de los asegurados.
Los afiliados no cuentan con su vocal principal pues Paulina Guerrero fue removida por la Superintendencia de Bancos y el vocal alterno, Luis Clavijo, fue destituido por la Contraloría General en mayo del 2018.
Pezo estuvo en el cargo desde diciembre del 2012 y prorrogado en funciones desde 2016. En su carta de renuncia, a modo de un balance de sus acciones, aseguró que hay una mejor atención a empleadores, afiliados, jubilados, que se expidieron normas para la selección de funcionarios por meritocracia, o a la despolitización de la entidad.
Recordó que, en marzo del 2016, la Corte Constitucional (CC) aceptó una demanda de inconstitucionalidad y dispuso que la Asamblea Nacional reforme la ley (artículo 28) para incluir como electores a todos los empleadores y dispuso además que para el proceso de elección de los respectivos vocales participen todos los asegurados. Pero esa reforma sigue pendiente.
«En conclusión, no hay vocal de los asegurados, ni norma para reemplazar a los vocales, tanto del sector de los asegurados como del sector empleador. Es necesario que la Asamblea Nacional reforme la Ley de Seguridad Social a fin de que el Consejo Directivo funcione tripartita y paritariamente como dispone la ley», explicó.
Pezo recordó que en marzo del año pasado, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea empezó el tratamiento de la reforma. Cuando esta se apruebe en el Parlamento, el Ejecutivo deberá emitir un reglamento que norme el proceso de convocatoria a elecciones.
Para Pezo, ha habido una «cuasi arrogación de funciones de algunos presidentes del Consejo que han pasado, que quieren meterse en la administración y es más bien al revés, la ley le prohíbe meterse en la administración», dijo a este Diario.
A su salida, destacó que hay una planificación estratégica hasta el 2028, que existen estudios actuariales actualizados, gobierno por resultados, ampliación de red de atención, servicios en línea y otros.
Al consultarle si ha faltado control interno ante denuncias presentadas, respondió que es tarea de la Contraloría.
José Villavicencio, vicepresidente del Frente Unitario de los Trabajadores (FUT), consideró que la ausencia de los afiliados en el Consejo Directivo, ha complicado la defensa de la seguridad social. «Todas las decisiones que está tomando el Consejo son ilegales, porque la ley dice que tiene que estar conformado de manera tripartita: Estado, empleadores, afiliados y jubilados y eso al momento esto no existe. Es evidente que esto ha perjudicado a la defensa y no ha parado el tema de la corrupción», agregó.
Los trabajadores proponen que la integración de ese organismo aumente con la inclusión de delegados del seguro social campesino y servidores públicos. Y que la presidencia sea rotativa y que la elección de los delegados sea universal.
Villavicencio opinó que no hay voluntad política en la Legislatura para que la reforma se concrete hasta antes de que termine el actual Gobierno.
Vicente Taiano (PSC), vicepresidente de la Comisión de los Trabajadores, mencionó que se han barajado varias alternativas para la representación, como que haya una alternancia anual entre un titular y un suplente en el caso de los trabajadores activos y jubilados. «El desafío estaba en cómo se le da participación a los empleados públicos y privados, son muchos, son diversos», indicó.
Karina Arteaga (AP), presidenta de la Comisión, indicó que desde la próxima semana se retomará el tratamiento del tema y que se pedirán las observaciones actualizadas de las autoridades del IESS, de la Procuraduría General, y otras entidades públicas y actores sociales.
A criterio de Marco Proaño Maya, exdiputado y experto en Seguridad Social, el IESS está a la «deriva». Consideró que el Consejo Directivo puede tomar decisiones legítimas pero no son éticas porque la «presencia moral» está en los afiliados y jubilados.
«Para 2020, el IESS presupuestó egresos por $4470 millones para el pago de las pensiones y los ingresos por aportes de los afiliados activos es de $2953 millones; una cifra muy menor al gasto para pagar pensiones. De ahí la importancia que el Estado aporte el 40 % que manda la ley al fondo de pensiones para que el IESS no pueda asumir la totalidad desus obligaciones (…) el IESS va a tener que hacer una reinversión en el BIESS, tomar recursos de sus ahorros para cubrir el déficit…», indicó.
El artículo 26 de la ley de Seguridad Social establece que la misión del Consejo Directivo será la de expedir las normativas de organización y funcionamiento de los seguros generales administrados por el IESS, el planeamiento estratégico del ahorro previsional, la regulación y supervisión de las direcciones de los seguros generales y especiales aplicados por el IESS, y la fiscalización de los actos de la administración del ente.
Tiene 18 atribuciones. Una de ellas es la designación del director general. Ese cargo está vacante tras la salida de Ángel Loja, cuestionado por el contrato de la compra de mascarillas con presunto sobreprecio y que investigan la Contraloría y la Fiscalia.
Fuente: El Universo
