El Tribunal de la Sala de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia del Azuay confirmó la sentencia contra la Coordinadora Zonal 6 de la Defensoría del Pueblo. Según el fallo su titular vulneró los derechos de una menor de edad al impedir que su madre, funcionaria de esa dependencia, la lleve a una cita médica.
El tribunal, conformado por Sandra Cordero, María Augusta Merchán y Mateo Ríos, analizó el recurso de apelación interpuesto por la coordinador zonal, Verónica Aguirre, y lo rechazaron el pasado 7 de mayo con un plazo de ejecución de tres días.
En la sentencia de primera instancia emitida el pasado 4 de febrero se ordenó la publicación de una disculpa pública en un diario de circulación nacional y en el portal web de la Defensoría. Según el fallo judicial subido en la página web de la Función Judicial, esto se cumplió en el desaparecido Diario La Hora el 13 de febrero pasado, pero no se especifica en qué edición, pues este este periódico no circulaba en Cuenca.
La denuncia contra la Defensoría del Pueblo la planteó Mariela Zhingri, funcionaria de la coordinación zonal 6 de la Defensoría del Pueblo en el cargo de especialista de DD. HH. y de la Naturaleza. El 17 de diciembre de 2019 solicitó dos días de permiso, con cargo a vacaciones, para llevar a su hija adolescente a un médico. Esto le fue negado por la Coordinadora zonal, Verónica Aguirre.
Por eso interpuso una acción de protección en contra de la coordinadora zonal 6, que finalmente resultó a favor de la trabajadora . En aquella ocasión el Tribunal de Garantías Penales determinó que la Defensoría no veló por los derechos de la menor, que necesitaba la compañía de su madre para atender un complejo estado de salud.
Finalmente, a pesar de los argumentos de la coordinadora, el tribunal determinó que: «resulta obvio que la accionada Dra. Verónica Aguirre, en su calidad de Coordinadora General Defensoría Zonal 6, al negarle la licencia por vacaciones a la señora Mariela del Rocío Zhingri Camacho, pese a conocer que este requerimiento tenía sustento en la atención médica de su hija, la adolescente Ariana A. Z., vulnera los derechos a la salud, traducida esta como el derecho a la vida digna y los derechos de una adolescente que es parte de un grupo de atención prioritaria, que como se explicó, tiene un status de protección reforzada y cuyos derechos prevalecen sobre los de las demás personas».
Fuente: El Universo
