El contralor general del Estado, Pablo Celi, informó en cadena nacional de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusores (AER) que la entidad investiga presuntas irregularidades en GADs provinciales y cantonales.
Celi se refirió a las acciones que sigue su entidad ante casos de corrupción que se han presentado, en especial en el sector de la salud, donde se han reportado anomalías en la adquisición de insumos bajo el contexto de la pandemia.
«Encontramos graves irregularidades, con ello se provocó la debilidad del sistema de salud, por el uso ilegítimo de sus recursos; de los insumos médicos, medicinas. La pandemia se ha prestado para el uso y atropello, realizamos 200 auditorías a entidades como municipios y consejos provinciales. Se ha emitido informes con indicios de responsabilidad penal, en 7 son penales en el Teodoro Maldonado Carbo, en el Hospital del Guasmo 4, en el IESS Ceibos, uno», afirmó el Contralor.
Celi por ejemplo, mencionó que las irregularidades detectadas algunas tienen que ver con los proveedores de insumos médicos que registran otra actividad que no tiene relación con los servicios que ofrecen.
En la administración pública, el funcionario se mostró a favor de que el organismo que dirige sea un Tribunal de Cuentas, con mayores alcances en los casos que se siguen.
«Debe darse la constitución de un tribunal de cuentas que es una tendencia mundial, en otros países no hay contralores sino estos organismos, esta sería una solución integral que supone exigencias y la armonización de leyes; hay que codificar la normativa de control pública», precisó el funcionario.
Celi mencionó que hay indicios de responsabilidad en la adquisición de bolsas para cadáveres en el hospital de Imbabura y que se han detectado irregularidades en la Universidad Yachay.
«Se hizo una inversión gigante (en ese centro de estudios), con escasos resultados, la inversión no justifica el estado de ese proyecto; se han establecido irregularidades en el uso de recursos, incumplimiento de las misiones prometidas en el mismo», recalcó.
Durante la cadena, el funcionario comentó que hay 58 municipios intervenidos al igual que 16 Consejos Provinciales por no cumplir con procedimientos legales en las compras pública, esto en especial por la pandemia de coronavirus.
«Se han emitido informes de regularidades en la adquisición de insumos médicos, también han contratado servicios que no tienen nada que ver con la pandemia como por ejemplo la compra de vehículos, contratación de consultorías. He pedido a la AME (Asociación de Municipalidades del Ecuador), un informe sobre la situación«, argumentó.
Fuente: El Tiempo
