Las primeras alertas de lo que pasaba con la investigación aparecieron en redes sociales. Luego fue confirmado por la propia Fiscalía. La entidad dijo que es verdad que la fiscal del Guayas, Janina Villagómez, no encontró responsabilidades en contra de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri.
Ella era investigada por el bloqueo de la pista del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, un hecho que se reportó el 18 de marzo del año pasado, cuando se evitó el aterrizaje de un vuelo humanitario que venía desde Madrid-España.
Eran los días de mayor golpe del coronavirus en el Puerto Principal. Las personas fallecían en las calles y las casas asistenciales colapsaron.
En un documento oficial, la investigadora detalló que Viteri “no tiene participación alguna” en el presunto delito de obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias.
Además, dijo que “no se logró establecer que quien haya dispuesto el traslado de los autos a la pista” haya sido la Alcaldesa. Y advirtió que no existe “un solo elemento” o prueba para comprobar aquello.
Como parte del sustento de su impulso fiscal, Villagómez añadió un extracto de la versión que rindió Viteri durante el proceso judicial. Allí, ella relató que ese día no se encontraba en las instalaciones ni en la zona de aterrizaje ni en las inmediaciones del aeropuerto.
También explicó que a la hora del bloqueo se hallaba en su casa con aislamiento, porque se contagió de covid-19.
Pero tras los hechos, la Alcaldesa emitió un mensaje en video y asumió “toda la responsabilidad” de lo sucedido.
Aseguró que así defiende a la ciudad para evitar más contagios de covid-19. “Asumo la responsabilidad de haber mandado los vehículos del Municipio de Guayaquil a impedir que el avión de Iberia aterrice aquí con 11 pasajeros de Madrid”.
La grabación quedó registrada en la página del Municipio.
Para el coordinador de la Comisión Anticorrupción capítulo Guayas, Ricardo Ramírez, ese pronunciamiento es clave para entender que algo está mal con el fallo de la fiscal.
Según Ramírez, el pronunciamiento es contradictorio a los hechos y deja en una situación cuestionable a la justicia. “Parece que aquí se practican las leyes de forma selectiva. La Alcaldesa dice que no estaba en el lugar y es absuelta. En cambio, dirigentes que no se encontraban al interior de la Contraloría General del Estado cuando fue incendiada son indagados. Es muy grave que casos similares se manejen de forma tan distinta”, señaló.
La Fiscalía General reaccionó ante la actuación de su representante provincial. La entidad dispuso a la dirección de Control Jurídico el inicio de un proceso para verificar la actuación de la fiscal en este caso.
De ser necesario, el ente pidió que se tomasen los correctivos necesarios.
Recordó que los agentes gozan de autonomía para realizar sus investigaciones y decidir lo que en Derecho corresponda para su avance. “Únicamente los casos que tienen fuero de Corte Nacional son llevados directamente por la Fiscalía General del Estado”.
Por otro lado, ni la Alcaldesa de Guayaquil ni Villagómez se pronunciaron sobre esta decisión tomada por las oficinas de Quito. Los departamentos de prensa de las dos autoridades indicaron ayer, 5 de julio del 2021, que no hubo declaraciones.
A pesar del fallo, el caso aún se mantiene bajo reserva. Con esto, la investigación pasará a manos de una fiscal de primer nivel. Este nuevo investigador deberá determinar quiénes fueron los responsables del bloqueo, que en su momento generó serias repercusiones internacionales para el país.
Por estos hechos, el anterior Gobierno recibió llamadas de varias embajadas. Desde Europa se exigió un pronunciamiento oficial de Ecuador.
El eurodiputado José Ramón Bauzá calificó de “cobarde e irresponsable” lo ejecutado por la Alcaldesa de Guayaquil. “Es impropio del noble pueblo ecuatoriano”. Exigió medidas a la Comisión Europea.
La presión internacional incluso generó que la Embajada de Ecuador en España emitiera versiones oficiales. “La decisión de la autoridad seccional de Guayaquil difiere completamente de la política del Gobierno Nacional, que pide que en estos momentos tan difíciles imperen la prudencia y la atención a las disposiciones de las Autoridades Sanitarias”.
Para la penalista Mónica Vargas, estos hechos deben ser analizados por un juez antes de que el caso sea archivado. La jurista explicó que a pesar del impulso fiscal de Villagómez, los magistrados son los únicos que tienen la última palabra para absolver o no a alguien.
Por eso, dice que la presunta responsabilidad aún está activa y puede llegar a enfrentar los cargos penales. Según el artículo 124 del Código Penal, la obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias se sanciona con cárcel de 10 a 13 años.
Esta pena también podrían enfrentar otros dos funcionarios municipales indagados.
Fuente: El Comercio
