La capital azuaya es un referente en políticas de cuidado del ambiente como la separación de los desechos y el reciclaje. Pero un reciente estudio elaborado por la Universidad de Cuenca revela el impacto laboral, social y económico en las familias recicladoras.
La información fue levantada en el 2019 por el Grupo de Investigación de Economía Circular Inclusiva y el apoyo de la Empresa Municipal de Aseo de Cuenca (EMAC), la Alianza en el Desarrollo, la Red Nacional de Recicladores y las asociaciones de recicladores del cantón.
De acuerdo con los resultados, este cantón de 636 996 habitantes genera 521 toneladas de basura diarias, pero solo 27,6 toneladas (que es el 5,3%) se recuperan mediante el trabajo que desarrollan 600 recicladores.
El reciclaje redujo la contaminación ambiental porque evitó la emisión de miles de toneladas de CO2 a la atmósfera, extiende la vida útil del relleno sanitario de Pichacay y generó un ahorro de USD 225 000 a la EMAC en el 2019. Pero los indicadores socioeconómicos de las familias son negativos.
De 600 recicladores solo 270 están asociadas y carnetizadas, su edad promedio es de 52 años y la mayoría son mujeres. Tienen un ingreso mensual de USD 125,70. Es decir, ganan el 31,4% de un salario básico de USD 400. Menos del 1% tiene seguro social voluntario.
Además, la investigación revela que hay trabajo infantil. 31 padres laboran con sus hijos en el reciclaje a pie de vereda y en sus casas en la clasificación de los desechos, “aunque para ellos no es bueno contarlo porque son criticados”, comentó la docente e investigadora, Dolores Sucozhañay.
Testimonio
Laura Quituisaca tiene 50 años, de los cuales 37 labora en el reciclaje. Desde hace dos años trabaja sola, porque a su último hijo de 19 años le contrataron como guardia. Ella no lo oculta: “En su momento todos mis cinco hijos me ayudaron “porque solo dependo de este oficio”.
También contó que en este tiempo de pandemia la cifra de recicladores aumentó por el desempleo “y con eso también bajó nuestros ingresos”. Cada recicladora sufre una media de 3,5 lesiones al año, dentro de su actividad de manipulación de los desechos, dice el estudio.
Asimismo, el 51% de mujeres reportó haber experimentado algún tipo de discriminación, incluso, al año han vivido hasta seis episodios.
Hoja de ruta
Para Sucozhañay, todos estos indicadores muestran la situación crítica en la que viven.
Ella explica que entre de los aspectos evaluados en el sistema de reciclaje, el desempeño social se encuentra por debajo de los niveles de cumplimiento expresados en normativa aplicables a buenas o mejores prácticas y expectativas sociales básicas. “No son reconocidos como un trabajo formal, pese a que generan un ahorro al presupuesto de la ciudad y con eso les quedamos debiendo”.
A partir de esta investigación el proyecto se plantea trazar una hoja de ruta para trabajar en el desarrollo de estrategias que ayuden a mejorar las condiciones legales, laborales y sociales de estas familias.
Fuente: El Comercio
