El 28 de diciembre culmina el estado de excepción carcelario; no será renovado

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Mañana (28 de diciembre del 2021) culmina el plazo de 30 días de renovación del estado de excepción en el sistema carcelario. Esta medida fue dispuesta por el presidente Guillermo Lasso para enfrentar los hechos de violencia en las prisiones del país.

Campos dijo en radio Sonorama que, tras una reunión del Gabinete Sectorial de Seguridad, se dispuso que personal de Fuerzas Armadas y Policía continúen en los diferentes perímetros de las cárceles “sin necesidad de que esté vigente el estado de excepción”.

“No hace falta que se renueve el estado de excepción. Con el marco jurídico vigente se puede continuar trabajando con Policía y Fuerzas Armadas en los perímetros que les corresponde en las cárceles”, señaló el viceministro Campos.

El objetivo es que la fuerza pública esté pendiente de prevenir o controlar posibles brotes de violencia en las cárceles.

La última masacre se registró el pasado 12 de noviembre del 2021 en la Penitenciaría de Guayaquil. Según un reporte de Fiscalía hubo 68 presos asesinados y 25 heridos.

¿Qué acciones emprenderá el Estado para mantener el control de las cárceles sin el estado de excepción?

El Ministerio de Gobierno anunció principalmente cinco acciones.

1.- Fuerzas Armadas continuará “proporcionando seguridad y respaldando la labor de la Policía” en los exteriores de los centros penitenciarios.

2.- Militares seguirán realizando operaciones de control del porte y tenencia de armas de fuego, municiones y explosivos en las calles.

3.- Se intensificarán las “acciones preventivas, disuasivas y patrullajes” en las vías de acceso a las cárceles del país.

4.- Dentro de los centros de rehabilitación “se mantendrán las fuerzas de reacción para una actuación inmediata” si se produce un nuevo motín o actos de violencia.

5.- Luego de que el Primer Mandatario decretara la creación de la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación, este organismo tiene un plazo de seis meses para “orientar de forma técnica” al Gobierno y a las instituciones a cargo de la seguridad carcelaria sobre las políticas públicas, estrategias, planes y acciones para la prevención de la violencia y el control carcelario.

Fuente: El Comercio