Con 91 votos a favor, 14 en contra y 27 abstenciones, la Asamblea resolvió este martes 15 de febrero del 2022 llevar a juicio político a la superintendenta de Bancos, Ruth Arregui, por supuesto incumplimiento de funciones.
La resolución se tomó con base a una moción del interpelante, Darwin Pereira (Pachakutik), con la cual se rechazó el informe de la Comisión de Fiscalización que recomendaba el archivo de esta causa.
Los votos a favor provinieron de las bancadas de la Unión por la Esperanza (Unes), Pachakutik y la Izquierda Democrática (ID). Asambleístas oficialistas de Creo votaron en contra o se abstuvieron, al igual que el Partido Social Cristiano (PSC).
Antes de la resolución hubo un debate en el cual el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio (independiente); la vicepresidenta, Ana Belén Cordero (Creo), así como Marco Troya y Pedro Velasco defendieron el informe.
“Yo les pido a los colegas legisladores que cuando entren a debatir lo hagan con altura y con argumentos (…). No vamos a tolerar que nos vengan a acusar de que somos banqueros o defensores de los banqueros, porque nosotros no visitamos la Superintendencia de Bancos. Allí están en los videos de la Superintendencia y en las bitácoras quiénes visitaron a la Superintendenta”, dijo Villavicencio.
Cordero señaló que “esto no es un juicio contra los bancos ni contra la Superintendenta ni contra el sistema financiero ni contra los clientes; lo que hay que evidenciar en un proceso de juicio político es un incumplimiento de funciones y al criterio de la mayoría de la Comisión de Fiscalización eso no ocurrió en este proceso”.
Sin embargo, Pereira manifestó que Arregui deberá responder ante el Pleno por cobros indebidos o fraudes informáticos en el sistema financiero.
“Desde el principio de la sustanciación de este juicio político alertamos con los colegas de mi bancada, miembros de esa Comisión, que olía algo raro, que algo pasaba”, agregó Roberto Cuero (Unes), quien cuestionó que no se le haya permitido al interpelante introducir nuevas pruebas.
Gabriela Molina, también del bloque correísta, acusó a la funcionaria de no haber proporcionado a la Asamblea información oportuna en la investigación del caso Pandora Papers.
Tras esta decisión, Arregui será convocada en los próximos días al Pleno para que ejerza su defensa. Su censura y destitución dependerá de 70 votos (mayoría absoluta).
Fuente: El Comercio
