El presidente, Guillermo Lasso, pidió al Servicio de Rentas Internas (SRI) y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) que se “investigue exhaustivamente” la compra de terrenos en Daular, vía a la Costa, por parte del exesposo de la alcaldesa Cynthia Viteri, Joaquín Villamar.
Joaquín Villamar, la expareja de la alcaldesa, adquirió 80 lotes en el sector que conecta a Guayaquil con los balnearios de Guayas y Santa Elena, donde la ciudad prevé erigir su futuro nuevo Aeropuerto Internacional. La compra de los lotes de más de 90 000 metros cuadrados se concretó en mayo del 2020, cuando aún era el esposo de Viteri, según una investigación de Diario Expreso.
La publicación del matutino guayaquileño provocó la reacción del Presidente de la República, quien dirigió una carta de dos páginas a la directora del SRI, Marisol Andrade. También emitió una copia a la UAFE.
El Primer Mandatario refiere que, según información pública, Villamar pagó por impuesto a la renta USD 47 020,41 entre el 2011 y el 2021. Es decir, el ciudadano habría declarado ingresos gravados por unos USD 200 000 en una década, lo que no guarda relación con la compra de terrenos. Además, declaró cero impuestos en años como el 2021.
El divorcio de Viteri y Villamar se concretó en el 2021, luego de 25 años de matrimonio y dos hijos. En este 2022 la Alcaldesa se casó el pasado 14 de febrero con Juan Carlos Váscones. Pero según la funcionaria, la sociedad conyugal se disolvió en el 2011 y salió de ella sin ningún recurso o bien.
En su carta, Lasso recuerda que el artículo 198 del Código Civil establece el principio general de que la liquidación de una sociedad conyugal debe hacerse por mitades.
“A primera vista debiera entenderse que en la respectiva liquidación de la sociedad conyugal disuelta en el 2011, al señor Joaquín Cupertino Villamar Cabello igualmente le habría correspondido recibir cero recursos y bienes”, apunta en el documento.
La alcaldesa Viteri reaccionó al pedido del Presidente y en su cuenta de Twitter dijo: “Muy acertada su decisión señor Presidente”. En el mensaje también difundió la carta que el Gobierno emitió al SRI.
El artículo 298, 6, del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona como defraudación tributaria la inclusión de datos falsos, incompletos, desfigurados o adulterados en declaraciones tributarias. El delito está penado con prisión de hasta tres años.
Fuente: El Comercio
