Los simpatizantes de la Revolución Ciudadana recibieron con optimismo el fin de la audiencia. Tocaron música de marimba en las afueras de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena.
Desde temprano, los seguidores del exvicepresidente Jorge Glas lo apoyaron, pese a que no se presentó ni mandó abogado, como estrategia para que se suspendiera la diligencia. El acto judicial se instaló para resolver la apelación a la libertad de Glas, quien dejó la prisión el pasado 10 de abril, mediante un hábeas corpus.
Ahora, la decisión de si revocan o no esa medida se resolverá en un plazo máximo de ocho días, según se anunció ayer tras finalizar la audiencia, que duró cuatro horas.
El análisis del recurso legal está en manos de los jueces del tribunal de la sala multicompetente de la Corte de Santa Elena.
En las primeras horas, los magistrados escucharon a los defensores, que repasaron brevemente la condena a ocho años de prisión y las dos sentencias en firme por casos de corrupción contra Glas.
Se habló del controvertido beneficio de libertad condicional que le otorgó Diego Moscoso, juez de Manglaralto. Glas, recluido desde finales de 2017, quedó en libertad cinco años después de haber sido sentenciado. La audiencia de ayer era clave para la ratificación o revocatoria de su libertad.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) y la Procuraduría General del Estado apelaron la sentencia a favor del exfuncionario. Íñigo Salvador, procurador general del Estado, se ratificó en el argumento de que la resolución de primera instancia está viciada de nulidad. La Procuraduría nunca fue citada con la demanda ni convocada a la audiencia, agregó.
Salvador señaló que debieron ser citados con la demanda y a la audiencia de hábeas corpus. “En este proceso el Estado, que era el demandado, estuvo en indefensión”.
El Procurador pidió que se revocase la sentencia de primera instancia y que se declarara la nulidad de lo actuado para que el político regrese a prisión. Además, el juez de Manglaralto “no era competente para conocer esa acción de hábeas corpus”. “Por el simple hecho de que tratándose de un exvicepresidente de la República, goza de fuero de Corte Constitucional”.
Y, por lo tanto, el hábeas corpus tuvo que ser planteado ante la Corte Constitucional, de acuerdo con los argumentos de la Fiscalía y la Procuraduría del Estado.
La fiscal general, Diana Salazar, compareció vía telemática, pero en realidad intervino un asesor.
Eduardo Franco Loor, exabogado de Glas y que actúo como ‘tercero interesado’, cuestionó la legalidad de que la Fiscalía haya hecho uso del amicus curiae (amigos de la corte). La finalidad, dijo, era participar de las audiencias.
Se trata de un recurso que presentan personas naturales y no una autoridad con potestad estatal, criticó. También le extrañó que la defensa de Glas no asistiera a la audiencia. “En mi concepto debió suspenderse la audiencia, pero el Tribunal permitió que se instalara”, refutó Franco Loor.
Este abogado centró su alegato en los supuestos tratos crueles, degradantes e inhumanos de los que Glas habría sido víctima cuando estuvo encarcelado. “Hemos pedido que la Corte ratifique el hábeas corpus otorgado el 9 de abril, por el juez de primera instancia”.
El representante del SNAI centró su intervención en la salud y el tratamiento del exvicepresidente en la cárcel Regional de Cotopaxi.
Glas recibió más de 200 atenciones médicas desde 2018.
El Tribunal de la sala multicompetente de la Corte concedió 20 minutos para escuchar los alegatos de los representantes del SNAI y Procuraduría, que impulsan la revisión al hábeas corpus en segunda instancia. Mientras que a una docena de participantes como terceros interesados, a través del recurso “amigos de la corte”, se les concedió 10 minutos.
Los jueces dispusieron la designación de un procurador común por grupos afines interesados.
Fuente: El Comercio
