Gobierno mide fuerzas con los movimientos sociales que no ven en el diálogo el fin al paro nacional

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La relación entre el gobierno de Guillermo Lasso y el movimiento indígena fluctúa sobre una cuerda en la que se miden fuerzas por alentar el diálogo o ejecutar acciones para detener un paro nacional que avanza a su quinto día.

Desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y agrupaciones afines como la Confederación Nacional de Organizaciones, Indígenas y Negras (Fenocin) y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), la posibilidad de dialogar es una alternativa que no tiene acogida, pues el propósito es que el régimen cumpla con una agenda de diez puntos, o al menos, con algunos de ellos.

A medida que grupos de manifestantes empiezan a llegar a Quito para radicalizar su protesta, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, ratificó que el paro se mantiene hasta que el Gobierno dé respuestas a las demandas. “Unidad y fuerza en esta lucha”, escribió en Twitter este 16 de junio.

Entre estos pedidos se rechaza el alto costo de la vida, por lo que piden políticas de control a la especulación de precios.

La convocatoria al paro se hizo el pasado 24 de mayo y un mes después, con las carreteras del país obstaculizadas por grupos de indígenas y las calles de Quito caracterizadas por disturbios focalizados, el presidente Guillermo Lasso decidió firmar este 15 de junio un decreto ejecutivo para controlar los precios de los productos de primera necesidad.

En él dispuso a los gobernadores que en conjunto con las intendencias de la Policía “intensifiquen y fortalezcan” los operativos y mecanismos de control para prevenir y erradicar precios especulativos, en especial aquellos que se elevan ilegalmente.

Este tipo de políticas ni siquiera requieren de un diálogo con las organizaciones sociales, sino de voluntad política, afirmó el presidente de la Fenocin, Gary Espinoza.

“Hay problemas que ellos pueden resolverlos sin estar sentados en la mesa de diálogo. No hemos recibido ningún llamado al diálogo, pero no esperamos nada, porque esperamos que se cumplan las demandas, que se resuelvan con voluntad política, porque no es cosa de otro mundo”, enfatizó Espinoza.

El dirigente ejemplificó que la Asamblea Nacional aprobó la Ley para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, pero el decreto ejecutivo para su aplicación no se ha emitido.

Ello les afecta, esgrimió, porque al mantener una deuda con las instituciones financieras públicas consta en la central de riesgos y eso les impide operar. “El gobierno de Rafael Correa hizo dos amnistías tributarias de los ricos y grandes empresarios y perdonó $ 4.000 millones; el gobierno de Lenín Moreno hizo una condonación por más de $ 2.000 millones y en nuestro caso, son solo $ 350 millones y somos gente del pueblo en minoría, pero no hay respuesta”, dijo.

A propósito de este pedido, el Gobierno estaría analizando los mecanismos para ejecutarlo.

El secretario de Pueblos, Luis Pachala, indicó este 16 de junio que el Ejecutivo está dispuesto a atender el diálogo, incluso para poner en el tapete los diez puntos de la agenda.

Adelantó que muchos de los pedidos están siendo analizados, pues se estaría elaborando una matriz con posibles soluciones. Uno es la condonación de deudas para “de una u otra manera buscar el mecanismo”, adelantó.

En una entrevista en radio Centro, la vicepresidenta de la Conaie, Senayda Yasacama, reiteró que el régimen no ha dado respuesta a sus pedidos, aunque por buscar la paz sí esperan tenerla, pero con la condición de que sea concreta y con resultados.

“En ningún momento hemos actuado para que se vaya el Gobierno o desestabilizar al país, no es esa la finalidad. Queremos que el gobierno de Lasso dé respuesta y podamos sentarnos a dialogar y construir el Estado plurinacional”, dijo Yasacama, e insistió en que por el momento no hay una comunicación oficial del régimen para entablar conversaciones.

Eustaquio Toala, presidente de la Feine, indicó también que no están rechazando el diálogo, pero buscan acciones concretas. “La unidad, la lucha siempre en respeto, no vamos a caer en provocaciones. Unidos esperando la respuesta positiva del Gobierno; fuerza, líderes”, expresó.

La agenda que ha propuesto la Conaie tiene diez puntos, como la reducción de precios de los combustibles, respeto a los 21 derechos colectivos, la no privatización de empresas públicas, atención en salud, educación, no a la explotación minera y petrolera.

Otros pedidos que se pueden resolver sin necesidad de entrar en diálogos, añadió Espinoza, son la discriminación positiva para que los habitantes de los pueblos y nacionalidades puedan ingresar a la universidad, la moratoria de las deudas en la institución financiera privada.

A su criterio, esa moratoria se puede dar con un acuerdo entre los organismos de control y los bancos para reprogramar los pagos.

En todo caso, desde el régimen no se desestima dialogar, incluso el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, aseguró que las puertas del Palacio de Carondelet están abiertas, aunque se desconoce si hay una invitación directa.

El régimen define una salida, mientras la Conaie, la Feine y Fenocin advierten con radicalizar sus manifestaciones trasladándolas a la capital, donde varios grupos sociales como la Unión Nacional de Educadores (UNE), el Frente Popular, sectores del taxismo, han protagonizado expresiones de rechazo en las calles.

Leonidas Iza informó este 16 de junio que en las próximas horas se dará a conocer la resolución de las bases de movilizarse a Quito para acompañar las protestas.

Espinoza adelantó que las estructuras territoriales están listas para concentrarse en la ciudad, aunque reconoció que requieren prepararse logísticamente para que no pasen necesidades y la medida sea efectiva. “De lo contrario, si venimos en desorden, se puede ir de las manos lo que hemos planificado”, contó.

Paralelamente a esta coyuntura, hay pronunciamientos de instituciones nacionales e internacionales de impulsar el diálogo.

Por ejemplo, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana llamó al Gobierno y la Conaie a conversar. “Busquemos juntos soluciones adecuadas por el camino del diálogo, pensando ante todo en el bien común y en el bienestar de los más pobres de nuestra patria”.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un llamado “a la paz, a bajar las tensiones y a buscar los caminos del diálogo”.

En un comunicado oficial, instó a que se respeten los mecanismos constitucionales para el ejercicio de la protesta social y a los actores sociales llamó a ejercer su derecho a la protesta de manera pacífica.

El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, invitó a sus pares de Cuenca, Riobamba, Ambato y Tulcán a promover un diálogo entre las partes que permita superar este momento. Propuso que la reunión sea virtual este jueves, a las 12:00, aunque por el momento no se conocen sus conclusiones.

Iza saludó esa invitación, pero recalcó que los movimientos sociales necesitan respuestas del Gobierno porque sus demandas son viables.

El coordinador nacional de Pachakutik (PK) -brazo político de la Conaie-, Marlon Santi, comunicó este jueves que enviaron comunicaciones oficiales a organismos internacionales como la ONU, la Iglesia católica y Amnistía Internacional para que sean veedores y garantes en caso de que se instale una mesa bilateral.

El objetivo de la Conaie sería dar paso a un levantamiento indígena similar al de 1990, que se produjo en el gobierno de Rodrigo Borja.

En ese entonces, uno de los líderes de la organización era Luis Macas, quien dirigió esa movilización e impulsaba una agenda de 21 ejes concretos, relacionados con la reforma agraria y conflictos de tierras.

En el frente político estaban los ministros Gonzalo Ortiz Crespo y Raúl Vallejo, quienes buscaron la intermediación de la Iglesia, y participaron el monseñor José Mario Ruiz, que era obispo de Latacunga y secretario de la Conferencia Episcopal, y el arzobispo de Quito, Antonio González.

La historia de ese hecho detalla que hubo un grupo de militares y policías que fueron secuestrados por manifestantes y desde las Fuerzas Armadas había una presión hacia el Ejecutivo para liberarlos con un operativo.

Para evitar enfrentamientos, el monseñor Víctor Corral tomó un helicóptero y fue hasta el páramo para liberarlos.

Borja emprendió una política de ejecución de los pedidos de la Conaie para que el extinto Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) agilizara los trámites para otorgar las tierras a los sectores indígenas.

Habían sido casos justos y que estaban retrasados, pero que con la presión del régimen se solucionaron en un año. Se entregó un millón de hectáreas a comunidades indígenas de Napo y también se retomó la educación popular bilingüe, que era una de las reivindicaciones, deteniendo así el malestar del movimiento indígena.

Fuente: El Universo