La Fiscalía inició una indagación previa en contra del presidente Guillermo Lasso y en contra de los ministros del Interior, Patricio Carrillo, y de Defensa, Luis Lara. Este hecho lo confirmó la entidad investigadora este viernes 15 de julio del 2022.
La Fiscalía indicó que esa investigación se inició el 12 de julio del 2022 y que es de carácter reservada. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) fue quien denunció a esas tres altas autoridades, el pasado 14 de junio.
La Conaie asegura que la queja penal se presentó porque el titular del movimiento indígena, Leonidas Iza, habría sido detenido de forma ilegal durante el paro nacional de junio de este año.
Se rastrea el presunto delito de privación ilegal de la libertad establecido en el artículo 160 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Esa normativa menciona que cuando un servidor público prive ilegalmente de libertad a una persona será sancionado con cárcel de uno a tres años.
Y si el funcionario público dispone la privación de libertad de una persona en lugares diferentes a los destinados para el efecto por la normativa vigente, será sancionado con una pena de tres a cinco años de cárcel.
Hasta pasadas las 13:00 de este 15 de julio, el Primer Mandatario y los dos ministros no se pronunciaban sobre la investigación de Fiscalía.
La Policía Nacional detuvo al dirigente de la Conaie la madrugada del martes 14 de junio del 2022, alrededor de la 01:00. Según las autoridades, Iza y sus seguidores bloquearon la carretera E35 cerca de Pastocalle, en Cotopaxi. Esto ocurrió durante las protestas sociales en contra del actual Gobierno.
El dirigente fue trasladado a Latacunga. Y allí fue procesado penalmente por paralización de un servicio público.
Esta indagación es la primera fase de un proceso penal. Según el artículo 580 del Código Integral Penal, en esta etapa, los agentes o fiscales se encargan de reunir indicios y “elementos de convicción de cargo y descargo”.
El objetivo es buscar evidencias para saber si hubo o no un posible delito. Es decir que, en esta primera fase, la persona señalada aún no está procesada penalmente.
La normativa penal señala que la investigación previa busca “determinar si la conducta investigada es delictuosa, las circunstancias o móviles de la perpetración, la identidad del autor o partícipe y de la víctima, la existencia del daño causado, o a su vez, desestimar estos aspectos”.
De hecho, solo si hay indicios de que se perpetró un delito, un Fiscal formulará cargos o imputará a ese sospechoso. Eso debe hacerse ante un juez, durante una audiencia.
Este 15 de julio del 2022, la Fiscalía indicó que “por disposición constitucional y legal, la Institución tienen la obligación de investigar todas las denuncias presentadas y, únicamente de hallar mérito, impulsaría una acusación en contra de los presuntos infractores”.
Fuente: El Comercio
