Dos días después de la toma de posesión del presidente Gustavo Petro, Venezuela da pasos concretos a la restauración de las relaciones con Colombia. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, ha anunciado este martes que recibió órdenes de Nicolás Maduro para restablecer “de inmediato” las relaciones militares con las nuevas autoridades colombianas, en particular su homólogo Iván Velásquez Gómez. El gesto implica un deshielo entre ambas naciones, que pasaron más de siete años con bloqueos de los pasos fronterizos y, desde el 23 de febrero de 2019, con las relaciones diplomáticas y comerciales totalmente rotas a raíz de la crisis política de reconocimiento internacional que desató el desafío del opositor Juan Guaidó al declararse presidente interino con respaldo del ahora expresidente colombiano Iván Duque.
“He recibido instrucciones del comandante en jefe de la FANB [Fuerza Armada Nacional Bolivariana], Nicolás Maduro, de establecer contacto de inmediato con el ministro de Defensa de Colombia para restablecer nuestras relaciones militares”, afirmó el jefe militar en una declaración difundida por la cuenta de Twitter de la Fuerza Armada.
Desde el triunfo del izquierdista Petro en junio pasado, se esperaba el reinicio de las relaciones, especialmente las comerciales, para los que empresarios de ambos países venían haciendo lobby sellado en una reunión en la ciudad San Cristóbal, en el Estado de Táchira, pocos días después de la segunda vuelta de las presidenciales en Colombia. Pero el intercambio militar entre ambas naciones es especialmente neurálgico, por la crisis migratoria que han generado más de 6 millones de venezolanos que han salido en busca de una mejor vida y el incremento del crimen organizado en los 2.200 kilómetros de frontera.
La narrativa chavista también ha acusado insistentemente a Colombia de orquestar y dar abrigo a operaciones militares, conspiraciones y atentados en contra de Maduro. La semana pasada fueron sentenciados a prisión los supuestos involucrados en un intento de magnicidio ocurrido en Caracas en 2018; entre ellos está el exdiputado Juan Requesens, considerado un preso político, y un grupo de militares y civiles condenados a 30 años de prisión. Como parte de este juicio también se pidió la extradición del opositor Julio Borges, líder de Primero Justicia, refugiado en Colombia desde 2017.
En los últimos años, han ido a parar a Colombia gran parte de los perseguidos políticos del Gobierno de Maduro, entre ellos dirigentes de partidos y periodistas, que han llegado a ese país en calidad de exiliados, y este entendimiento político entre los dos mandatarios ha levantado preocupaciones por la continuidad de su estatus y protección.
Desde 2020 Venezuela ha emprendido una fuerte operación militar en la frontera sur para combatir lo que han llamado Tancol: terroristas armados narcotraficantes colombianos, un acrónimo inventado por el chavismo a la par que ha intervenido en la guerra por el control del territorio que también libran grupos de la guerrilla del ELN y de las disidencias de las extintas FARC, cuya presencia en Venezuela ha aumentado. En ese marco, han sido asesinados al menos tres dirigentes de las antiguas FARC en el país, también se ha puesto en evidencia la presencia de minas antipersona en los territorios controlados por estos grupos. En marzo del año pasado se produjo un desplazamiento de más de 6.000 personas desde Apure hacia el pueblo colombiano de Arauquita, que huían de la violencia de los operativos militares venezolanos. Además, este año el Ejército venezolano ha derribado una veintena “aeronaves invasoras” provenientes de Colombia, que supuestamente habían violado el espacio aéreo venezolano.
La última gran operación conjunta de militares de los dos países, no propiamente militar sino humanitaria, fue la llamada operación Emmanuel, en la que el Gobierno colombiano de Álvaro Uribe permitió el ingreso de aeronaves militares venezolanas a Colombia para recoger a tres personas secuestradas que la guerilla de las FARC decidió liberar.
Fuente: Diario El País