La fiscal General del Estado, Diana Salazar, remitió a la Asamblea una propuesta de reformas a la Ley de Extinción de Dominio, a casi dos años de que entró en vigencia esta norma.
En el texto, la Fiscal aduce que en la Ley aprobada por la Asamblea sobre esta materia, el 19 de enero del 2021, «se omitieron regulaciones procesales de dicho ámbito, necesarias para la aplicación célere y fluida de dicha ley, como los procedimientos de impugnación; ejecución; ámbito de medidas cautelares reales; duración de fase investigativa, entre otros».
«En tal razón, conscientes del matiz que deben contener las disposiciones procesales de la extinción de dominio, sin desconocer su influencia penal y su naturaleza autónoma, el presente proyecto de ley reformatoria perfila y matiza aspectos necesarios para reducir, en la medida de lo posible, nudos críticos en la aplicación de esta herramienta y así dotarla de una mayor eficacia y eficiencia».
El texto, que se compone de 47 artículos, llegó a la Asamblea el 7 de octubre y deberá ser calificado por el Consejo de Administración de la Legislatura, previo a su trámite en una de las comisiones especializadas.
La extinción de dominio por su naturaleza es de carácter real y jurisdiccional; se dirige contra bienes y no contra personas y se declara a través de un procedimiento autónomo e independiente de cualquier otro juicio o proceso, es una de las definiciones de la propuesta.
Otro apunta a que no se necesite la declaración de sentencia penal condenatoria para iniciar la investigación y la fase jurisdiccional de extinción de dominio, y que en ningún caso se podrá alegar prejudicialidad para impedir que se dicte sentencia.
Fuente: El Comercio
