La Corte Constitucional dio paso para que el Gobierno continúe con el proceso de realización de la Consulta Popular, que tendrá 11 preguntas y serán respondidas por la ciudadanía el 5 febrero del 2023. El jueves 10 de noviembre del 2022, dio paso, vía sentencia, a ocho de ellas.
El ente primero realizó el control previo de seis preguntas de enmienda constitucional y sus considerandos introductorios. Las preguntas se refieren a temas relativos a: 1) extradición en delitos relacionados al crimen organizado internacional; 2) creación de un Consejo Fiscal; 3) reducción del número de asambleístas; 4) reducción de movimientos políticos; 5) inclusión de un subsistema de protección hídrica; y, 6) compensación por servicios ambientales.
Luego, la Corte analizó dos preguntas más: 1) la eliminación de la facultad de designación que actualmente tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y de la introducción de nuevos mecanismos de designación de autoridades a cargo de la Asamblea Nacional; y, 2) la modificación del mecanismo de designación de los consejeros del CPCCS.
«En ambas sentencias, la Corte verificó que, en su mayoría, los considerandos que introducen las preguntas cumplen los requisitos previstos en el artículo 104 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC)», detalló en un comunicado. Sin embargo, sí precisó que ordenó cambios de forma para no «afectar la plena libertad de los electores y cuya eliminación no afectaba la secuencia lógica de la correspondiente propuesta».
Respecto de las preguntas, la Corte concluyó que estas cumplen los requisitos establecidos en el artículo 105 de la LOGJCC y «garantizan la libertad de los electores, por lo que las declaró constitucionales».
Sin embargo, aún restan por confirmarse tres preguntas que el Gobierno también envió a consulta a la Corte Constitucional. Las interrogantes son:
-¿Está usted de acuerdo con destinar los valores comisados de las infracciones de lavado de activos, terrorismo y su financiación, trata de personas, tráfico de migrantes y delitos relacionados con sustancias sujetas a fiscalización a programas de educación con énfasis en niñez y adolescencia?
-¿Está de acuerdo en tipificar el delito de extorsión por delincuencia organizada, para que se sancione con pena privativa de libertad de 7 a diez años a quienes obligan a efectuar negocios con intimidación por pertenecer a un grupo de delincuencia organizada?
-¿Está de acuerdo con brindar una deducción adicional del 100% en el cálculo de la base imponible del impuesto a la Renta para quienes emplean a personas de 45 años o más?
Si la respuesta de la Corte vuelve a ser favorable, el Gobierno habrá cumplido su propósito de tener las 11 preguntas para la Consulta a tiempo, a la espera solamente de la confirmación del Consejo Nacional Electoral para incluir esta consulta en las elecciones seccionales de febrero del 2023.
