Guillermo Lasso lleva un año y nueve meses en el poder, desde su posesión el 24 de mayo del 2021. Cada vez que se agudizaba la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, el Gobierno recordaba que tiene la facultad de aplicar la muerte cruzada (disolución de la Asamblea Nacional), como mecanismo constitucional.
Pero es la Asamblea la que actuó primero con su objetivo de cesar en funciones al Presidente. Tras ocho meses del intento de destitución, en junio del 2022, el Legislativo ahora va por su segundo intento a través de un juicio político en ciernes, en medio de una coyuntura difícil para el Gobierno.
El informe borrador de la Comisión ocasional del caso Encuentro recomienda enjuiciar a Lasso, y será debatido este miércoles 1 de marzo.
Mauricio Alarcón, abogado y director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, explica que el intento de destitución y el enjuiciamiento político son figuras constitucionales diferentes.
«Pero sin duda en los dos casos hay intereses políticos de por medio, estamos hablando de procesos políticos” porque están a cargo de organizaciones políticas, añadió.
Destitución de Guillermo Lasso
El 28 de junio de 2022, a los 16 días del paro nacional, el Pleno de la Asamblea sometió a votación la propuesta de destitución a Lasso que planteó el correísmo. Se sustentaba en el numeral 2 del artículo 130 de la Constitución de la República, que establece la destitución por grave crisis política y conmoción interna.
La propuesta obtuvo 80 votos afirmativos, 48 negativos, nueve abstenciones y cero blancos. Por tanto, no lograron destituir a Lasso y continuó en su cargo.
Según la Constitución, para proceder a la destitución se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional. Es decir, 92 votos afirmativos del total de 137 legisladores. Fue clave la posición de los asambleístas del Partido Social Cristiano y de la Izquierda Democrática que no apoyaron la destitución. Lasso perdió el respaldo del PSC luego de las elecciones seccionales.
Juicio político contra Lasso
En el informe de la Comisión se recomienda enjuiciar políticamente a Lasso por dos causales determinadas en el artículo 129 de la Constitución. Por delitos contra la seguridad del Estado, y por delitos de concusión, cohecho y peculado, bajo la modalidad de comisión por omisión.
El documento puede decir muchas cosas, pero aún falta bastante antes de decir si efectivamente se procederá de esa forma o no respecto de Lasso, según Alarcón. Puntualiza que un pedido de juicio político necesita de firmas de respaldo, no de un informe.
Si la intención del correísmo es enjuiciar a Lasso, no era necesario que se destinen recursos públicos para instalar una Comisión temporal, el informe puede quedar solo en su aprobación y nada más, dice.
Procedimiento para el juicio
Luego del pedido, la solicitud debe ser calificada por el Consejo de Administración Legislativo. Se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. En función de ello se tramitará el proceso que debe incluir el derecho a la defensa y, por último, viene la votación.
El artículo 129 indica que para proceder a la censura y destitución se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional. Es decir, 92 votos afirmativos.
“Ese número mágico podría ser fácilmente alcanzado”, considerando dos últimas votaciones del Pleno. 108 votos para extender el plazo para que la Comisión presente el informe y los 105 votos para la censura del exministro Patricio Carrillo. Es un mensaje bastante claro, deduce Alarcón.
Revocatoria de mandato
En el actual Gobierno no existe otro antecedente similar al de junio, recuerda el jurista. Sin embargo, indica que hay otro proceso diferente, la revocatoria del mandato, que pasa por un proceso de calificación, de recolección de firmas y un ejercicio de democracia directa. No se impulsa en el Legislativo.
“Hay que tener en cuenta que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha habilitado nuevamente esta iniciativa, que se presentó por parte de un grupo de ciudadanos respecto del presidente Lasso”, precisa Alarcón.
Se trata del pedido presentado por la Coordinadora por la Revocatoria, liderado por Kerly Carvajal, para terminar con la administración del Mandatario. El 10 de febrero de 2023, el TCE dejó sin efecto la sentencia dictada en primera instancia que archivó la causa el 7 de octubre.
Fuente: El Comercio
